Junta y sindicatos sellan el acuerdo para convertir en funcionarios a los interinos

Junta y sindicatos rubricaron ayer un acuerdo por el cual los 3.200 trabajadores interinos de la Administración autonómica se convertirán en funcionarios con plenos derechos. La fórmula consensuada para dar "estabilidad laboral" a este colectivo ha sido la de convocar en septiembre un concurso-oposición que posibilitará a los interinos que ocupen una plaza fija. El acuerdo, respaldado por UGT, CCOO y CSIF, dejará a unos 300 trabajadores eventuales "en la calle", que se verán adscritos a una bolsa de trabajo complementaria, según esta última organización sindical.

La interinidad en la Función Pública andaluza tiene los días contados. Los interinos vieron ayer colmadas todas sus aspiraciones de estabilidad tras el acuerdo alcanzado entre la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, y los sindicatos integrados en la mesa de la Función Pública. El texto, basado en la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales acordada en febrero, establece aplicar un baremo donde se module la valoración del trabajo desarrollado, en forma diferente a la del funcionario de carrera, con el fin de garantizar el derecho de estos últimos. Los interinos puntuarán por la experiencia adquirida en los puestos de trabajo que hayan desempeñado, los cursos de formación realizados, las titulaciones académicas y las pruebas selectivas. Para Carmen Hermosín, este convenio viene a reafirmar el compromiso adquirido por Junta y sindicatos para dar estabilidad a un colectivo que se fraguó en la década de los ochenta y que "ha tenido en sus espaldas casi todo el desarrollo del proceso autonómico". Sin embargo, añadió Hermosín, "por unas razones o por otras no habían podido tener acceso a la promoción como funcionarios de carrera". Ahora, la Junta pretende saldar su deuda sellando un acuerdo con los agentes sociales donde se establece convertir a los interinos en funcionarios de pleno derecho. Con ello, la titular de Gobernación consideró que "se entra en una fase de normalización de la Función Pública andaluza, a través de un mecanismo que garantizará rigurosidad y legalidad". La cobertura legal elegida por la Junta se basa en la aplicación del sistema establecido en el artículo 30 de la Ley estatal 50/98 de diciembre de 1998 sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social. De esta forma la Junta aprovecha la vía que abre la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998 en su capítulo de reconversión de empleo estable de los puestos interinos de la Administración general. Una formula que ya ha sido aplicada en otras comunidades. Con esta convocatoria también se pone fin al conflicto surgido con los interinos, saldado con varias manifestaciones, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de suspender el último concurso-oposición convocado por la Junta, tras un recurso presentado por la CSIF. Asimismo, el pacto entre Junta y sindicatos incluye al personal laboral para el cual se mantendrán los concursos de méritos actuales y se ofertarán 1.300 plazas para concurso de promoción. Aunque todos los sindicatos reconocieron su satisfacción por el consenso, la CSIF se mostró más reticente y denunció la precaria situación en la que se pueden encontrar ahora los 300 empleados adscritos al personal laboral eventual. Éstos se verían condenados a "irse a la calle" debido a que las plazas ofertadas serán ocupadas por los interinos en su totalidad, afirmó Manuel Salvador, de la CSIF. En un intento de amortiguar los efectos del acuerdo sobre dicho personal, se ha establecido la creación de una bolsa de trabajo complementaria donde estarán inscritos aquellos que vean finalizada su relación laboral. Asimismo, Salvador advirtió de que si se produce algún incumplimiento del acuerdo acudirán a la "tutela judicial". La CSIF auguró malestar entre los funcionarios al entender que éstos pueden ver vulnerados sus derechos adquiridos a través de la correspondiente oposición.