Antecedentes políticos del derribo de 'La Pagoda'

Los picos de La Pagoda, de Miguel Fisac, el edificio singular de la calle madrileña de Josefa Varcárcel demolido en parte en un confuso proceso supuestamente urbanístico, siguen girando como las aspas de una cortante hélice. En una nueva vuelta de sus afiladas aspas, otro testimonio vino ayer a proyectar más sombras sobre la verdadera responsabilidad en la autorización del derribo. Carlos Sambricio, catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, hizo ayer a este periódico un rotundo mentís: "La comisión mixta asesora que estudió los edificios catalogados, de la que yo formé parte", explica, "nunca retiró la protección integral máxima de la que gozaba el edificio de Miguel Fisac", señala el catedrático.Carlos Sambricio se refería al estudio sobre aproximadamente un millar de edificios de arquitectura contemporánea, erigidos entre 1950 y 1970, presentado el 22 de diciembre de 1990 a la Comisión tras ser elaborado por los arquitectos Julio Cano Lasso y Javier Carvajal, en el cual La Pagoda, de Fisac, quedó incluida, con aproximadamente 600 construcciones más. El edificio paraboloide hiperbólico de la autopista que une Madrid con el aeropuerto de Barajas revalidó el 31 de enero de 1994 su catalogación de protección integral, máximo grado de cobertura urbanística, con la cual había sido guarecido previamente por Cano y Carvajal. "No ha habido responsabilidad de los técnicos", dijo contundentemente Carlos Sambricio en defensa de los arquitectos que elaboraron, primero, y supervisaron, después, la catalogación. "Decir ahora que la comisión asesora retiró la protección integral de La Pagoda es falso y, además, falaz, entre otras razones porque aquel organismo mixto era de asesoría, por lo cual carecía de poderes de decisión", subraya el catedrático madrileño. "Asimismo", añade, "nunca un edificio que goza de ese grado de protección experimenta un recorte tan drástico, desde el máximo protector hasta la completa desprotección. La práctica usual, en todos los casos, consiste en respetar la catalogación de procedencia, o bien en reducirla a un grado inferior, pero nunca se aplica un criterio tan rígido", agrega.

"La tipología de la protección urbanística", explica Javier Gutiérrez, a la sazón miembro de la comisión asesora en representación de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, "contaba con tres grados, de mayor a menor: integral, estructural y ambiental. Cada tipo incluía dos subtipos. La denominada integral puede ser singular, que protege lo que se considera arquetípicamente un monumento, y otra, meramente integral. La protección estructural permitía mantener algunos aspectos estructurales internos del edificio y la modificación de otros, pero siempre mantenía indemne la fachada. En cuanto a la ambiental", agrega, "autoriza parcialmente demoliciones, siempre y cuando se produzca una mejora de los elementos integrantes del edificio original. En el caso de los edificios de arquitectura contemporánea", explica el miembro de aquella comisión asesora, "surge la particularidad según la cual las protecciones parciales no tienen objeto, dada su integridad arquitectónica, a diferencia de las que suelen aplicarse en el casco histórico, donde la mera conservación de la fachada puede permitir arreglos internos que conservan su valor histórico", concluye. Otra particularidad es de naturaleza fiscal. Los edificios contemporáneos sometidos a protección integral no pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Lo sucedido puede explicarse desde esta clave hipotética, sugiere otro experto consultado. Del millar aproximado de construcciones contemporáneas estudiadas entonces, alguien, alguna autoridad, redujo esa cifra a unos tres centenares largos -Cano Lasso se ciñó a 353-, con lo cual sobrevino un aumento de ingresos fiscales derivado de tal reducción y un ahorro, correlativo, en los protegidos.

El circuito seguido por la catalogación se iniciaba en la Oficina Municipal del Plan, que encargó el estudio a ocho equipos, dos de los cuales, que trataban sólo sobre arquitectura contemporánea, fueron dirigidos por Cano y Carvajal. Seguía luego trámite ante la Comisión Asesora, para retornar a la Oficina del Plan, que daba la catalogación definitiva.