Las empresas de tres implicados en el 'caso del lino' usaban la transformadora del ex director de Mercasa

Las comparecencias del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y del ex director financiero de la empresa pública Mercasa Gonzalo Ruiz Paz ante la comisión que investiga el cobro irregular de subvenciones europeas al cultivo del lino revelaron que los familiares de tres de los altos cargos de Agricultura implicados -el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agrario (FEGA) Nicolás López de Coca; una sociedad participada por el propio Ruiz Paz (Promociones Agrarias del Tajo) y Carlos Moro- usaron la misma empresa transformadora, Colino. Esta fábrica pertenece al propio Ruiz Paz y a sus familiares. Tanto Ruiz Paz como Moro usaron la expresión "sus empresas" y "las empresas que ha montado" al referirse a las actividades de López de Coca en el sector.

A la hora de esclarecer la relación de los altos cargos de Agricultura implicados en el presunto cobro irregular de subvenciones fue definitiva la declaración de uno de ellos, el ex director de Mercasa Gonzalo Ruiz Paz. Éste calificó a la familia de López de Coca como "clientes" de su empresa transformadora, Colino, y admitió que conocía desde hace años tanto al ex presidente del FEGA como a Carlos Moro. No obstante, al igual que posteriormente hizo Moro, aclaró que no ha mantenido ningún contacto con ambos desde que ocupó su cargo de director financiero de Mercasa en el año 1996. Además de Colino, que sufrió en mayo de 1998 un incendio -no denunciado por los propietarios- que hizo desaparecer un millón de kilos de fibra textil, Ruiz Paz posee el 41% de la sociedad Promociones Agrarias del Tajo que, según explicó, ha recibido 31 millones de pesetas en subvenciones por cultivo de lino desde el año 1994. Como todos los altos cargos que han comparecido ante la comisión, Ruiz Paz justificó el desempeño de un cargo público con una actividad privada subvencionada por ser la administración del patrimonio personal o familiar. Sin embargo, este argumento no le sirvió al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, uno de los mayores cultivadores de lino de Cuenca. Todos los grupos salvo el PP - incluido CiU, cuyo portavoz, Ignaci Guardans había defendido antes a Ruiz Paz- reprocharon al delegado del Gobierno compatibilizar su cargo con la gestión de una explotación agraria en Cuenca de 233 hectáreas, de las cuales unas 200 se dedican desde 1995 a cultivar lino. Desde esa fecha, Moro ha recibido subvenciones por valor de 57 millones de pesetas, a los que hay que añadir otros 25 millones todavía no cobrados, pero ya aprobados para la actual campaña.El artículo 2 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos se refiere expresamente a los delegados del Gobierno para especificar que "no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad sean de carácter público o privado". Contra esta tesis, tanto Moro como el portavoz del PP en la Comisión, Jaime Ignacio del Burgo, argumentaron que Moro sólo administra su patrimonio y que esa labor no le supone demasiado esfuerzo ni tiempo.

Moro admitió que podía ser considerado un "empresario agrícola" o "agricultor a tiempo parcial" y aseguró conocer a López de Coca "por ser de Ciudad Real". "No sabía que tenía una empresa de lino (Colisur 2000)" añadió refiriéndose a López de Coca. "Me enteré de que la ha montado después". López de Coca sostuvo el pasado lunes ante la Comisión que Colisur 2000 es propiedad de uno de sus hijos y de su cuñada. Del Burgo trató de demostrar que pese a las subvenciones, la rentabilidad para Moro del cultivo del lino es mínima y, en cualquier caso, inferior a los 10 millones anuales que cobra como delegado del Gobierno. Olvidó que, además de cobrar las subvenciones, Moro vende el producto resultante. Según su propia declaración, tiene almacenados 27.000 kilos ya transformados en un almacén en Cuenca.

Otro de los comparecientes, el consejero de Agricultura de Andalucía, Paulino Plata, aseguró que en el cultivo del lino se da "una manga ancha que no existe en ningún otro producto". En Andalucía, según dijo, existen 1.800 hectáreas dedicadas a este cultivo y las comunidades no pueden desarrollar normas de control del lino al margen del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el organismo que presidió Nicolás López Coca y que sí ha desarrollado esquemas de control en otros productos.

Plata confirmó además que otra de las empresas de Ruiz Paz, Intervalora, fue la adjudicataria, junto con otras dos sociedades, de un contrato en 1996 para controlar la producción de algodón en Andalucía por importe de 350 millones. El contrato lo adjudicó el FEGA. Al año siguiente, la comunidad autónoma asumió la labor de control y el presupuesto de la empresa pública andaluza DAP para llevar a cabo el mismo trabajo fue de 148 millones.

También compareció un funcionario de la consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, Constancio Desviat, que denunció supuestas presiones de sus superiores para investigar la explotación de Moro. Desviat se reafirmó y atribuyó su baja categoría laboral, pese a ser funcionario desde hace 30 años, a ser un "represaliado político" y a que "como en el movimiento" quien "no tiene carné (socialista) no progresa".