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En respuesta a la carta publicada el 8 de julio, firmada por Luz González Domínguez-Adame y titulada "Reforma educativa: ¿engaño o desengaño?", quisiera precisar: La extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años es común a prácticamente todos los sistemas educativos europeos y está en consonancia con la edad mínima legal de incorporación al mercado laboral. Considero que la situación que usted describe en su carta es deliberadamente dramática: la gran mayoría de los alumnos de entre 14 y 16 años no son problemáticos, si no, no se entiende cómo los centros funcionan sin llegar al caos. Que haya algunos casos excepcionales de alumnos desinteresados no debe ser óbice para replantearse esta medida, más acorde con los tiempos que corren que la que existía anteriormente, cuando la enseñanza obligatoria acababa a los 14 años. Además, la Consejería de Educación, consciente de los posibles problemas de convivencia que podían derivarse de la nueva situación, reguló una carta de derechos y deberes de los alumnos que fue aprobada en el seno del Consejo Escolar de Andalucía con un amplio acuerdo de la comunidad educativa. En cuanto a la enseñanza personalizada, permítame decirle que no consiste en cálculos de minutos dedicados a cada alumno, sino a toda una concepción de la educación. Tampoco es cierto que los padres no participen en la educación de sus hijos, dejando toda la responsabilidad a los profesores. De hecho, el papel de las familias se potencia en el nuevo sistema, que considera como uno de los pilares básicos la participación y la presencia activa de los padres. Es injusto que diga que la Administración ha escogido este sistema educativo "porque era el más barato". A pesar del lógico control del gasto público al que hay que atenerse, creemos que la educación es demasiado importante para la sociedad como para guiarse por criterios meramente mercantilistas.- Sebastián Cano Fernández. Director General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla.

Respondo a la réplica que hacen a mi carta del 9 de julio Alfonso y Raúl, ex alumnos del colegio Altair, de Sevilla, que se sienten ofendidos por mis palabras, que creo han malinterpretado. Yo no he calificado de talibanes a los alumnos del centro, lo que hago con esa alusión es poner un ejemplo de sectarismo religioso que, entre otras atrocidades, niega el derecho a la educación a las mujeres. Es un ejemplo exagerado que permite llamar la atención sobre otros sectarismos que actúan separando a los niños de las niñas y estableciendo diferencias culturales entre los géneros para perpetuar el modelo patriarcal de subordinación hombre-mujer, hoy vigente y al que están perfectamente adaptados estos chicos. O quizás me equivoco con ellos y resultan ser de los pocos privilegiados a los que los "gérmenes culturales" no han invadido su cerebro y pueden todavía preguntarse a sí mismos sobre la diferencia de los sexos y encontrar la equivalencia entre los hombres y las mujeres. Es en este punto cuando surge la pregunta: ¿Por qué el proyecto educativo del colegio Altair excluye la convivencia de niños y niñas? Y la denuncia que hago, contenida en el primer párrafo, es mi rechazo a costear con fondos públicos actividades, de cualquier tipo, que excluyan a las mujeres por razón de sexo, contraviniendo el artículo 14 de la Constitución, que me parece ser lo que defiende el señor Pezzi, consejero de Educación de la Junta de Andalucía.- Carmela Gálvez Santiesteban. Sevilla.