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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Racismo alarmante

LAS AGRESIONES racistas del barrio de Ca n"Anglada, de Terrassa, han encontrado rápidos imitadores. Es usual que este tipo de actos estimulen a quienes sólo esperan que otros den el primer paso para apuntarse a la barbarie. En Banyoles alguien prendió fuego a una casa habitada por ciudadanos procedentes de Gambia, con resultado de tres mujeres heridas; otros prendieron fuego en Girona a la puerta de una mezquita, y ha sido detenido el responsable de una red de propaganda xenófoba en Internet. De pronto estamos descubriendo que la idea de que España no es racista era sólo un mito. Basta que en algunos lugares se concentre un número significativo de trabajadores inmigrados para que aparezcan los recelos, los miedos, los conflictos y, en algunos casos, los enfrentamientos violentos. No olvidemos que la pasada semana, en la propia Banyoles, se reunían firmas contra la apertura de una mezquita, y que en Manlleu, el alcalde saliente perdió las elecciones después de una campaña de rumores que le acusaban de favorecer a los magrebíes de la población.En todos estos casos se oyen voces advirtiendo ahora que esto ya se veía venir. Y, sin embargo, el problema ha llegado sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Ahora ya no caben las vacilaciones: las instituciones tienen que actuar sin dilación para evitar en lo posible que proliferen los actos de violencia. Desde este fin de semana, después de que los primeros días se perdieran horas valiosas en desencuentros institucionales, la policía parece actuar decididamente. Es una buena noticia, porque hay una cuestión muy importante si se quiere desactivar la situación: romper cualquier posible concomitancia entre el racismo espontáneo de gentes metidas en los pánicos de la precariedad y del paro y el racismo organizado de los grupos ultras y los cabezas rapadas. Actuar contra estos agitadores es un primer paso imprescindible para que se recupere la calma. Las causas de estos brotes de racismo son diversas y las circunstancias de cada lugar aportan matices relevantes. No es lo mismo un barrio degradado, con alta densidad de población y muchos ciudadanos en situación social precaria, como Ca n"Anglada, que una ciudad aparentemente tranquila y confiada como Banyoles, en la Cataluña interior. Hay que distinguir tres factores básicos: el social, el cultural y el legal.

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En algunos casos, bajo los llamativos roces de racismo hay situaciones sociales delicadas. Los habitantes del barrio de acogida de los inmigrantes han vivido situaciones de paro y de precariedad que les hacen sensibles a todos los temores. Fácilmente ven al recién llegado como otro obstáculo, otra barrera en la lucha por la supervivencia. Son barrios degradados, con viviendas mínimas, alta densidad y poco espacio público, que requieren intervenciones inaplazables. El rechazo cultural encuentra aquí un fácil caldo de cultivo. Ca n"Anglada es en este sentido característico.

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Sin embargo, en algunos lugares de la Cataluña interior el factor social es más difícil de apreciar. La presencia del otro en sociedades identitariamente bastante homogéneas aparece en sí como una amenaza y genera actitudes reactivas que permanecen en estado latente hasta que estallan. Hay mucha pedagogía democrática que hacer en un país que se pensaba que no tendría nunca estos problemas, pero que sufre continuamente de ellos desde que la inmigración se ha convertido en un fenómeno social relevante.

El factor legal, sin embargo, no puede descuidarse. El cumplimiento de la ley no admite excepciones y hay que huir de confusiones paternalistas. Los derechos y obligaciones son iguales para todos: los autóctonos y los inmigrantes. Es verdad que el equilibrio de la justicia se rompe a menudo por el lado del más débil, que un inmigrante siempre está en situación de cierta inferioridad ante la ley. Pero a veces hay cierta ligereza en las acusaciones de racismo. La condición de inmigrante no exime de cumplir la ley del país de acogida.

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