Los derechos para plantar viñedo desatan una guerra en el sector

Los derechos de plantación del viñedo han desatado la batalla en el sector. Mientras comunidades como Castilla-La Mancha, en teoría con producción y superficie excedentaria, se niegan a que los agricultores de esas zona vendan sus derechos de plantación de viñedo a otras comunidades, agricultores y bodegueros de otras zonas buscan afanosamente la compra de esos derechos para su plantación en algunas zonas con denominación de origen como Rioja y Ribera del Duero.

Esta situación ha provocado en los últimos tiempos el nacimiento de cazadores de derechos de plantación en una misma comunidad autónoma para especular con los mismos.Comprar hoy un derecho de plantación puede suponer entre 600.000 pesetas en Castilla-La Mancha y hasta más de cuatro millones en La Rioja.Los industriales abogan por la total libertad de plantaciones, mientras los viticultores quieren que se mantenga un crecimiento vigilado.Se entiende por derecho de plantación de viñedo el que posee un viticultor con una superficie de cultivo debidamente registrada, se halle o no en una denominación de origen. España posee una superficie registrada de viñedo aproximada de 1,1 millones de hectáreas, de las que casi 600.000 se hallan en Castilla-La Mancha.La superficie acogida a una denominación de origen asciende ya a unas 615.000 hectáreas. Sin embargo, mientras en unas zonas el cultivo el viñedo se halla en retroceso y se han producido en los años precedentes arranques masivos de vides como en Extremadura, Castilla-La Mancha o Valencia, en otras zonas, especialmente con denominación de origen, faltan plantaciones para atender la demanda, dando lugar a fuertes subidas de los precios de la uva.

Transferencias

En teoría, en este momento existe la posibilidad de transferencias de cuotas entre comunidades autónomas, aunque para ello se debe tener la autorización de salida de cada Gobierno regional. Al igual que en la cuota de leche, hay sin embargo un tope de transferencias. En concreto, solamente podría sacar el 0,5% de la superficie de viñedo de una comunidad autónoma a otra sin el conocimiento de su Consejería de Agricultura, porcentaje que se considera que no pone en peligro la superficie de cultivo en una región. Actualmente, las transferencias se hallan prácticamente bloqueadas con varios contenciosos abiertos en manos de Agricultura. A falta de transferencias entre autonomías, el mercado de compra de derechos se hace entre las zonas de la misma comunidad autónoma. Buscadores de derechos están escudriñando los registros pueblo a pueblo para adquirir derechos de plantación a bajos precios para luego especular con los mismos, fundamentalmente ante las industrias o grandes grupos inversoresDesde la Federación del Vino, donde se agrupa la mayor parte de las bodegas más importantes, se aboga por una libertad total de plantaciones, tanto para agricultores como para bodegueros, para que juegue simplemente el mercado. En esta línea, la federación pidió a Agricultura que reclamara en Bruselas derechos para 100.000 hectáreas.

En medios agrarios la postura es radicalmente contraria. Se considera que plantar sin ningún control sería una locura. En opinión de las organizaciones agrarias, hay derechos suficientes y solamente falta un reajuste entre zonas para que haya oferta de vino suficiente en cada denominación para atender sus necesidades.