El CES critica la escasa reducción del paro el año pasado, pese al crecimiento económico

El crecimiento económico registrado en 1998 (un 5,2%, el doble de la media de la UE) engordó sustancialmente la tasa de ocupación en el País Vasco, pero sólo consiguió reducir el desempleo en 4.000 personas. Ésta es una de las consideraciones críticas que incluye la Memoria de la Situación Socioeconómica que realiza cada año el Consejo Económico y Social (CES) vasco. Este foro consultivo del Gobierno y el Parlamento llama la atención además en su informe de 1998 sobre el aumento de un 12,6% de los accidentes laborales, en los que murieron 87 trabajadores.

La siniestralidad laboral, el aumento de los contratos temporales, las desigualdades sociales y la deficiente incorporación de la mujer al trabajo son algunos de los aspectos de la realidad vasca que destaca de forma crítica la Memoria. Este informe anual fue aprobado ayer por unanimidad por el consejo, que integran, a partes iguales, sindicatos, patronal y organizaciones financieras, económicas y sociales. En primer lugar, la memoria llama la atención sobre el desigual reparto del crecimiento económico del pasado año y, en concreto, destaca que, pese a que se alcanzó el mayor volumen de ocupación en Euskadi de los últimos 25 años, el desempleo sigue siendo una lacra social. "Los jóvenes y las mujeres siguen siendo los colectivos más afectados por el paro (con tasas de paro del 36,8% y del 26,4%, respectivamente)", señala el informe, que deplora además la elevada tasa de temporalidad. El 90% de los 576.407 contratos que se firmaron el pasado año fueron eventuales. Para paliar esta situación, la emtidad recomienda la aplicación de los acuerdos sobre los contratos de relevo y sustitución y el impulso a las políticas activas de empleo. La siniestralidad laboral es otro de los asuntos que más preocupa al Consejo Económico y Social. La memoria constata el aumento del 26% en los accidentes laborales mortales resgitrado en 1998 y la relación entre la eventualidad y la siniestralidad laborales. El 46% de los accidentes registrados afectó a trabajadores con menos de 12 meses en su puesto y los empleados eventuales tienen, con una tasa del 108 por mil, casi el doble de probabilidades de sufrir un siniestro en el trabajo que los empleados fijos. "Es un problema al que es necesario prestar la máxima atención", subrayó Javier Mongelos, presidente del CES, quien emplazó a trabajadores y empresarios a cumplir la legislación vigente en materia de seguridad laboral y a aumentar los programas de prevención de accidentes en el trabajo y la formación de los empleados. Más dinero de la UE Por primera vez, la Memoria Socioeconómica del CES aborda las relaciones entre el País Vasco y la Unión Europea. En opinión del consejo, el dinero que recibe la comunidad de los Quince es "insuficiente" pues, según este foro consultivo, las administraciones vascas se beneficiaron sólo de 20.773,1 millones de pesetas del billón y medio que el Fondo de Cohesión concedió el año pasado a España. Mongelos reclamó un reparto más equitativo de los fondos europeos y la participación de las administraciones vascas en la Unión Europea y, especialmente, en las materias en las que tiene competencia. En este sentido, el máximo responsable del CES criticó que el País Vasco, que cuenta con competencias exclusivas en materia de transporte, sólo haya recibido 5.376 millones de pesetas de los 750.000 millones que el Estado ha percibido de Europa para acometer infraestructuras de transporte durante los próximos seis años. "No resulta razonable", destacó Mongelos. El informe se muestra también crítico con las instituciones vascas. El aumento del 6,7% del precio de la vivienda resgitrado el año pasado, la saturación de las infraestructuras viarias y la racionalización del gasto público son algunas de las cuestiones que destaca la memoria. Frente a ellas, el consejo solicitó un acuerdo para cerrar la conexión ferroviaria entre las tres capitales, una política de actuación sobre el suelo que abarate sus costes y una mejor coordinación institucional. El CES reclama igualmente que las administraciones "estudien mejor las problemáticas de la pobreza y la exclusión social", tras criticar que en 1998 se haya reducido el dinero público destinado a los servicios sociales.