Los funcionarios de prisiones extienden su protesta a 40 cárceles con concentraciones y cortes de carretera
Los funcionarios de prisiones mantienen su guerra, real pero no declarada oficialmente. Cientos de trabajadores de 40 cárceles españolas cercaron sus centros de trabajo con concentraciones, cortes de carretera y en algunos casos con barricadas de fuego, para exigir mejoras salariales y laborales. Los dos colectivos más radicales en sus protestas, los funcionarios de los penales de Huelva y Puerto I yII (Cádiz), decidieron a mediodía desconvocar los paros en señal de buena voluntad ante la negociación que se reanuda hoy. No obstante, los choques entre policía y manifestantes rebrotaron en Alicante y Asturias.
La pacificación de la situación en Puerto I y II y Huelva es parcial y condicionada. El secretario nacional del sindicato Acaip, Felipe Saúl, advirtió desde Cádiz que la "huelga salvaje e ilegal" que han mantenido durante 125 horas se reactivará mañana si no hay avances en la negociación de hoy. "No vamos a parar hasta que lleguemos a un acuerdo que satisfaga nuestros intereses", dijo. Sus objetivos son la equiparación salarial con los funcionarios que trabajan en prisiones catalanas y un refuerzo de la vigilancia interior en los centros penitenciarios. Esta declaración de tregua, no obstante, fue simultánea a un recrudecimiento del conflicto en puntos tan alejados como Bonxe (Lugo) o El Acebuche (Almería), pasando por las prisiones madrileñas, Sevilla II o el penal de Basauri (Vizcaya), donde las protestas de los funcionarios se extendieron durante más de cinco horas. La situación fue especialmente dura en los penales de Villabona (Asturias) o Fontcalent (Alicante). En Asturias, fuerzas policiales antidisturbios lanzaron botes de humo contra los casi 400 funcionarios concentrados ante la prisión de Villabona.
La huelga de hambre de los funcionarios de Fontcalent finalizó ayer con duros enfrentamientos con las fuerzas policiales. Los antidisturbios cargaron para despejar el acceso a la prisión que taponaban 150 funcionarios, uno de los cuales resultó rerido leve. En la cárcel de Picassent, en Valencia, la Guardia Civil tuvo que hacerse cargo a media tarde de los centros de Preventivos y del hospital para "garantizar las funciones que pueden afectar a la estabilidad de los internos", según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
La Ertzantza también tuvo que emplearse para desalojar a unos 40 funcionarios del penal de Basauri, mientras que en Bonxe se rozó la confrontación cuando los trabajadores de prisiones impidieron el paso de un furgón de presos. Los funcionarios de prisiones de El Salto del Negro, en Gran Canaria, también radicalizaron su protesta. El acceso a la cárcel grancanaria fue bloqueado por más de 140 funcionarios que quemaron ruedas y colchones como muestra de "indignación" por lo que consideran una "actitud insultante" del Ministerio del Interior. Hoy están previstas nuevas concentraciones y cortes en los accesos a las cárceles a la espera del resultado de la negociación entre representantes de los sindicatos de prisiones y del departamento que dirige jaime Mayor Oreja.
Esta información ha sido elaborada con datos de Fernando Pérez Monguió (Cádiz), Fernando Arnaiz (Huelva), Javier Cuartas (Oviedo), Felipe Pinazo (Valencia), Joaquín Pérez (Alicante) y Marta Cantero (Las Palmas).
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