Los funcionarios de prisiones atenuaron ayer sus protestas, mientras Interior les ofrece diálogo

La cuarta jornada de huelga "ilegal y salvaje" de los funcionarios de las prisiones de Puerto 1 y Puerto 2 (Cádiz) supuso ayer una tregua en las protestas que protagonizan desde el pasado viernes en demanda de equiparación salarial con sus compañeros de los centros del País Vasco y Cataluña. El conflicto no se ha extendido a otros centros, según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuyo responsable, Ángel Yuste, está dispuesto a "hacer un esfuerzo y negociar algunas reivindicaciones". El escollo para Interior son las "limitaciones" presupuestarias.

Los funcionarios de prisiones de los centros de Puerto 1 y Puerto 2 no han logrado su objetivo de adelantar la mesa para la negociación con la Dirección General de Instituciones Penitencias, que se mantiene convocada para el próximo jueves. Los sindicatos justificaron ayer la menor tensión en que no querían restar protagonismo a los trabajadores de la prisión de Cáceres 1, que se sumaron ayer a la huelga, y al funcionario de la prisión de Huelva, Pedro Sánchez, que se ha declarado en huelga de hambre y sed en solidaridad con la situación de los penales portuenses. Las acciones de ayer se limitaron a una concentración de 200 huelguistas en la explanada interior de las dos cárceles gaditanas. No cumplieron con su turno laboral de trabajo y anunciaron que hoy volverán a sacar sus protestas al exterior de los penales.

Las versiones sobre la situación en el interior de los centros volvieron ayer a diferir radicalmente. El director de Puerto 1, Francisco Márquez Salaberri, insistió en que la situación es de "absoluta normalidad". Por su parte, los trabajadores advirtieron nuevamente del riesgo "inminente" de un motín, al tiempo que denunciaron la situación de los cinco funcionarios en prácticas que, junto con 35 agentes del Cuerpo Naciona de Policía (desprovistos de armas), velan por el funcionamiento del complejo penitenciario portuense. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias aseguró que ayer se reincorporaron al trabajo en Puerto 1 otros 12 funcionarios, pese a que a algunos de ellos no les correspondía servicio.

Según el secretario nacional del sindicato mayoritario ACAIP, Felipe Saúl, los trabajadores en prácticas están recibiendo un trato "vejatorio e inhumano" y han sido obligados a ducharse en los mismos aseos que los presos. "Si esto es normalidad, que venga Dios y lo vea", clamó Saúl. Márquez Salaberri negó esta denuncia. En la prisión Cáceres 1, que acoge a unos 150 reclusos, funcionarios de los tres turnos decidieron apoyar la protesta de sus compañeros de Puerto 1 y Puerto 2. La dirección del penal cacereño obligó a los trabajadores del turno de noche a prolongar el servicio hasta las dos de la tarde de ayer, informa Jeremías Clemente. Según Instituciones Penitenciarias, sólo ocho trabajadores faltaron al trabajo.

En la cárcel de Cáceres 2, donde hay unos 200 reclusos, los funcionarios del turno de tarde se limitaron a retrasar en una hora su entrada al trabajo. El delegado del Gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, la seguridad en ambas prisiones es absoluta y reclamó "tranquilidad" a los funcionarios.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, recordó que hay abierta una mesa de negociación con los sindicatos y que su departamento está "dispuesto a atender algunas de las reivindicaciones". Pero Yuste apeló a la "responsabilidad" de los trabajadores, recordando que parte de sus exigencias son inasumible por las "limitaciones impuestas por la disciplina presupuestaria del Gobierno".

El sindicato ACAIP pretende que se equipare el sueldo de los funcionarios de toda España al que actualmente cobran los compañeros de Cataluña transferidos a la Generalitat. Éstos perciben ahora unas 25.000 pesetas más al mes, que en breve puede aumentar hasta 40.000. Según el director general, igualar todos los salarios a nivel nacional supondría unos 9.000 millones de pesetas.

José Ramón López, presidente del sindicato ACAIP,, asegura que el director general de Instituciones Penitenciarias "ha perdido el control de la situación" y que su actitud es "irresponsable".

El diputado socialista Antonio Pérez Solano ha solicitado que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, comparezca urgentemente en el Parlamento para explicar el conflicto carcelario. Izquierda Unida pedirá que se convoque la Diputación Permanmente del Congreso para debatir si es adecuado citar a Mayor Oreja con este fin.