Los peritos de Romaní dicen que las operaciones no tuvieron como fin beneficiar a los acusados

Los peritos seleccionados por el presidente del Colegio de Economistas de Madrid Gerardo Ortega, según una propuesta del acusado Arturo Romaní, declararon ayer que las operaciones que se enjuician en el caso Banesto tuvieron racionalidad económica y que su fin no fue beneficiar a algunos de los ex administradores acusados. Ayer, después que terminara de forma estridente el perito Jesús Quintás, comenzaron a declarar Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Ángel Garrido Riosalido, quienes abordaron las operaciones 300 millones, Cementeras, Concha Espina y Oil Dor.

El perito Jesús Quintás, propuesto por la defensa del acusado Rafael Pérez Escolar, terminó ayer su comparecencia en un ambiente de tensión. Fue cuando, quizá guiado por su creciente seguridad y confianza, le dijo al fiscal Luis López Sanz, quien recordó la existencia de fuertes pérdidas en la separación entre el grupo Oasis y Banesto, que eso es "un gol que le han metido". Según Quintás, las pérdidas, de 48.000 millones de pesetas, según la versión de Banesto, no aparecen en memorias. El tribunal llamó al orden al perito y le advirtió que si repetía dicho tono se le sancionaría. El perito, más tarde, se explayó nuevamente en direcciones ígnotas, lo que originó una nueva intervención del tribunal. "Cállese", se le dijo.

A continuación, comparecieron tres peritos economistas: Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Ángel Garrido. A preguntas del fiscal, explicaron que fueron nombrados por el juez Manuel García-Castellón. El fiscal intentó precisar un poco más el alcance de la pericia. Los peritos economistas explicaron que les propuso Gerardo Ortega, presidente del Colegio de Economistas de Madrid, y que más tarde les "ratificó la junta" de dicha entidad. También narraron que, una vez nombrados, en septiembre de 1995, se dirigieron al juez y que éste les remitió a la secretaria del juzgado -Paloma Salcedo de Mingo, que ahora actúa como secretaria del tribunal que enjuicia el caso- para pedirle una provisión de fondos ya que sabían que había otros peritos -los inspectores del Banco de España Juan Román y Juan Carlos Monje- que no cobrarían por su labor debido a su condición de funcionarios. Agregaron que la secretaria les señaló que debían dirigirse al procurador que había solicitado la pericia para que éste se encargara de los fondos, habida cuenta que el juzgado no se haría cargo. Uno de los tres peritos, Leandro Cañibano, señaló a la secretaria, que estaba presente en el estrado del tribunal, a la que se dirigieron en 1995.

Los peritos economistas al abordar la primera operación -300 millones- dijeron que no encontraron en los documentos de la causa razones para justificar la extracción de 300 millones, que se había contabilizado la operación en la sucursal de Pamplona, cuando el dinero había sido extraído de Madrid, y que todas las circunstancias eran extrañas, ya que durante cinco años nadie quiso aclarar el tema.

"Parecía haber un valor entendido", dijo Díez Fuentes. En la operación Cementeras -presunta estafa de 1.500 millones-, los peritos dijeron que los fondos habían sido generados por el grupo Valenciana y dejaron constancia de lo extraño de que una operación tan importante como la escisión Valenciana-Banesto no tuviera reflejo en un contrato con sus cifras correspondientes.

En Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor, los tres peritos justificaron el riesgo asumido por Banesto y dejaron constancia de que no creían que estas operaciones se hicieran para beneficiar a consejeros del banco.