El Consejo de Estado sugiere que la radio digital sea regulada por las Cortes y no por decreto

Al igual que hiciera el año pasado, cuando recomendó al Gobierno que implantara la televisión digital terrestre por ley y no por decreto, el Consejo de Estado mantiene ahora el mismo criterio respecto a la radio digital. El alto órgano consultivo "comprende" que se tramite esa norma con urgencia, para adelantarse a una "posible actividad anómala"; pero subraya la conveniencia de que el Parlamento se pronuncie sobre la regulación del sector, "habida cuenta de las importantes implicaciones constitucionales" que tiene el servicio de radio. En el caso de la televisión digital terrestre, el Ejecutivo no atendió tales argumentos y promulgó el correspondiente decreto. Ahora se vuelve a plantear el mismo problema respecto de la radio. El Consejo de Estado, sin oponerse formalmente al proyecto gubernamental, argumenta en favor de una regulación con rango de ley y alega también ventajas técnicas, como dejar claros los criterios para la resolución de los concursos de adjudicación, o las reglas para que varios concesionarios compartan un canal múltiple.

La norma preparada por el Gobierno arranca de un simple añadido a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997, por el cual se facultaba al Ministerio de Fomento para regular la radio digital. Y en cuanto a las concesiones a realizar, sólo se establecía que se darían "las que resulten técnicamente posibles", sin fijar criterio alguno de concesión. Ha sido el departamento de Fomento el que ha reservado un amplio número de programaciones digitales para el sector público; y el que ha atribuido el resto a los privados, sin garantizar a los actuales operadores que tendrán derecho preferente o proporcional a frecuencias de radio digital.

Esta falta de garantías ha sido objetada por diferentes empresas ante el Consejo de Estado. Así, Telefónica ha pedido que se dé un trato semejante a los operadores privados y a los públicos. Onda Cero señala que no se tiene en cuenta a los que vienen prestando el servicio de radiodifusión, y la Ser, que no se garantiza la pervivencia de los actuales operadores de radiodifusión. Con otros términos, la Cope pide lo mismo: que se establezca de alguna forma "la prelación de los actuales prestadores del servicio".

En su asamblea general del miércoles pasado, la Asociación de la Radio Comercial reiteró que los operadores actuales deben tener derecho preferente.