Sanidad atrasa la declaración de Montero al no dar su expediente

La declaración del segundo anestesista imputado por el brote de hepatitis C localizado en Valencia ha sido aplazada por el juez encargado de esclarecer las causas de la infección, José Manuel Ortega. Su decisión ha estado motivada, principalmente, porque la Consejería de Sanidad no ha remitido al juzgado el expediente administrativo abierto a Rafael Montero con motivo del brote. El magistrado solicitó la documentación relativa a la investigación interna, finalmente archivada, el pasado mayo.

Montero, jefe de Anestesiología del hospital La Fe y responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Casa de Salud -los dos centros en los que se localizó el brote- fue citado como imputado por el juez el pasado 30 de junio. Ortega tomó esa decisión, a petición del fiscal adscrito al caso, Javier Carceller, a partir de varios argumentos. Uno de esos argumentos es que "nadie puede ser acusado sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente imputado". Es decir, Montero no podía comparecer en calidad de testigo -tal como solicitó el abogado de Juan Maeso, el primer imputado por el caso- en relación con un asunto en el que podría tener alguna responsabilidad penal. Además, Ortega recoge los razonamientos del representante del ministerio público al considerar que Montero, superior de Maeso en los dos centros en los que trabaja, pudo tener conocimiento de las irregularidades supuestamente cometidas por su subordinado, pese a lo que evitó tomar "medida alguna destinada a poner fin a dicha situación". El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia reiteró el 30 de junio las hipótesis que sostienen la imputación contra Maeso, vinculado con 171 casos de contagio por el estudio epidemiológico realizado por Sanidad: la autoadministración de "tóxicos anestésicos en quirófano y en condiciones que permitieran el contacto percutáneo con los pacientes" y, en consecuencia, "la transmisión de posibles enfermedades que el señor Maeso pudiera padecer", apuntó Ortega en su decisión. Ésta y otras posibilidades no serán ni confirmadas ni rebatidas hoy por Montero. Como en algunas otras ocasiones, el magistrado no ha recibido con celeridad la documentación solicitada a la secretaría general de la Consejería de Sanidad, su interlocutora durante todo el procedimiento. De hecho, esta semana insistió en solicitar una documentación de carácter científico que el departamento presidido por Joaquín Farnós sigue sin remitir. Apenas dos días antes, el juez decidió aplazar la comparecencia de Montero. Según fuentes judiciales, el abogado del anestesista, Javier Peris, solicitó más tiempo para familiarizarse con el sumario, de miles de folios. 25 de mayo No obstante, la razón principal de su decisión es la ausencia del expediente administrativo abierto a Montero por la Unidad de Evaluación y Calidad Asistencial de la consejería. Ese expediente, incoado también -sin ulteriores consecuencias - contra otros 12 facultativos por ocultar su conocimiento del brote, podría aportar luz sobre el caso y en cualquier caso debe ser consultado para preparar (y cotejado para comparar con) la declaración a efectuar por Montero. El expediente, solicitado el pasado 25 de mayo, aún no ha llegado.