Una ofensiva imparable

La guerra contra el tabaco emprendida por ciudadanos y autoridades tuvo su punto de arranque en EE UU en 1976, cuando un informe médico movilizó a la opinión pública norteamericana con el dato de que los fumadores tenían un 6,1% de riesgo de muerte más alto que los no fumadores. En 1990, un tribunal de apelaciones de Filadelfia (Pensilvania) revocó el primer dictamen en la historia de EE UU que había ordenado a un fabricante de tabaco a indemnizar a una fumadora que murió de cáncer de pulmón. Se trataba de la empresa Liggett, fabricante de los cigarrillos Chesterfield y L&M, que se eximió así de pagar 400.000 dólares (44 millones de pesetas entonces) al esposo de la mujer fallecida en 1984. Aunque la empresa salió victoriosa, el caso abrió las puertas a una decisión histórica: el Supremo dictaminó en 1992 que aquella advertencia de que "fumar es nocivo para la salud" no impedía que las empresas tuvieran que responder ante los tribunales por las personas que demostraran ser víctimas del tabaco. Ese mismo año había ya 50 demandas en marcha.

El colectivo de auxiliares de vuelo logró en octubre de 1997 la primera victoria en la pelea contra las tabacaleras, que optaron por evitar el juicio a cambio del pago de 350 millones de dólares por las secuelas en estos trabajadores del humo de los cigarrillos que habían inhalado de forma pasiva en los aviones.

Pocos días después, un juez federal de Filadelfia decidió desestimar un pleito colectivo que le podría haber costado a la industria unos 300.000 millones de pesetas. Fue sólo un pequeño respiro, pues, para entonces, ya se perfilaba una amenaza mucho más grave, la de las demandas que 40 Estados habían presentado para intentar recuperar parte del gasto sanitario provocado por la adicción al cigarrillo.

Para lograr la inmunidad ante las demandas de las autoridades, las tabacaleras acordaron en marzo de 1998 pagar 506.000 millones de dólares (78,4 billones de pesetas) a la Administración a cambio de que ésta frenase las demandas presentadas en su contra por los ciudadanos. Las críticas al pacto por parte de los grupos sanitarios y del movimiento en contra del tabaco llevaron al Congreso a rechazar el acuerdo. Se reanudaron las conversaciones entre los representantes de los Gobiernos y la industria, que desembocaron en un nuevo acuerdo en noviembre de 1998 que incluía el pago de 30 billones de pesetas a ocho Estados en los próximos 25 años. Este pacto no les libraba, sin embargo, de las demandas de los ciudadanos, como la que ayer se resolvió en Florida.

En España, la viuda de un fumador presentó en Barcelona el pasado año una demanda para pedir una indemnización de 60 millones de pesetas por la muerte de su esposo, adicto al tabaco negro desde los 14 años, por un cáncer que ella atribuye al consumo de cigarrillos. Por las mismas fechas, otra viuda de fumador reclamó a Tabacalera, en Bilbao, una indemnización de 40 millones por la muerte de su marido a causa de un enfisema pulmonar. También ha demandado a Tabacalera un vecino de Reus que fue operado de un cáncer de laringe provocado, según el diagnóstico médico, por el tabaco.

En Francia, un organismo de la Seguridad Social de Francia anunció el pasado febrero sus planes para querellarse contra los grandes fabricantes de tabaco del mundo. Otros países, como Nicaragua y Guatemala, han presentado demandas judiciales contra las tabacaleras de EE UU por el gasto sanitario causado por el hábito de fumar.