Bruselas exige a Portugal que vuelva a argumentar su veto a la operación BSCH-Champalimaud
La Comisión Europea se mostró ayer insatisfecha con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno portugués al veto que éste interpuso contra el desembarco del BSCH español en el grupo financiero luso Champalimaud. El comisario de la Competencia, Karel van Miert, considera que la carta de Lisboa "no constituye una respuesta" a lo que se le pedía, porque no argumenta los presuntos "intereses legítimos" que pretende defender con su veto, y le exige ahora una nueva respuesta. Así, el litigio Bruselas-Lisboa se calienta cada hora que pasa. "No es la respuesta que esperábamos", se lamentó el portavoz de Van Miert, refiriéndose a la carta del Gobierno portugués. El portavoz anunció que el comisario replicará con una nueva carta pidiendo a Lisboa que explicite claramente esos intereses y exigiéndole que razone "en qué medida considera que las medidas adoptadas son adecuadas y proporcionadas al caso".
Van Miert añadirá al texto sus "dudas" de que el veto sea compatible con el reglamento comunitario que regula las concentraciones empresariales y su convicción de que la operación, por tener dimensión comunitaria, es competencia exclusiva de la Comisión.
Este pulso se sustanciará paralelamente a la investigación sobre la cuestión de fondo, a saber, si la concentración notificada a Bruselas por las dos empresas puede o no generar una situación en el mercado contraria a la competencia.
El dictamen sobre este asunto se sustanciará antes del 3 de agosto -si se observan indicios de peligro para la competencia se pasará a una segunda fase, más rigurosa-, plazo dentro del cual Van Miert desea haber disuelto la oposición del Gobierno portugués.
Por su parte, informa Javier García, el ministro de Finanzas portugués, António Sousa Franco, declaró el lunes a la televisión pública (RTP): "El Gobierno no tiene que responder a los servicios de la Comisión , aunque, naturalmente, las personas encargadas de prepararlo lo enviarán".
Sousa insistió en que el veto portugués nada tiene que ver con las normas comunitarias sobre la libre competencia.
