La desclasificación del horror

ENVIADO ESPECIAL"Después del abortado levantamiento de la segunda división acorazada del Ejército el 29 de junio, los principales golpistas de las Fuerzas Armadas, encabezados por generales del Ejército, la Fuerza Aérea y los almirantes de la Marina, fijaron el 7 de julio como fecha para un coup d"etat (sic). No obstante, el golpe no tendrá lugar en esta fecha, habida cuenta de que los golpistas del Ejército no pueden asegurar a sus colegas que puedan tomar el control de la ciudad de Santiago. No hay fecha para el próximo coup d"etat. Pero los oficiales golpistas están haciendo los preparativos necesarios para una movida para dentro de una semana aproximadamente". Éste es el mensaje que cablegrafió el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Santiago el 7 de julio de 1973 a sus superiores en Washington. Tres nuevos informes fueron enviados en las siguientes tres semanas. Pero la fecha del golpe no salía.

El 25 de julio, la misión de la CIA en Santiago envió a Wasington un largo documento de 27 folios. "Una mayoría de oficiales del Ejército pueden pedir el retiro del general Carlos Prats. Las posibilidades de éxito son dudosas... La única otra vía para relevar a Prats y otros generales parecería ser la del secuestro o asesinato". Nada sobre la fecha del golpe. El mismo informe revelaba por qué: "Aunque los oficiales golpistas aseguran que se aproxima un movimiento militar contra el Gobierno, no pueden fijar una fecha hasta que los conspiradores del Ejército resuelvan su problema". A continuación, en el papel se advierte que se han borrado algunas palabras. Estos documentos son algunos de los informes, cables y comunicaciones de diverso tipo que envió la misión de la CIA en Santiago a su casa central, en Washington. Un material que fue hecho público el pasado miércoles 30 de junio en la biblioteca de los Archivos Nacionales, en Maryland, como parte de los 5.800 documentos relacionados con la dictadura de Augusto Pinochet desclasificados por Estados Unidos. La CIA y la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) aportaron una pequeña parte de ese material, sólo 490 documentos, mientras que la parte del león correspondió al Departamento de Estado, que desclasificó 5.000 documentos. El resto fue proporcionado por el Departamento de Justicia y el FBI (Buró Federal de Investigaciones), y las bibliotecas de los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter.

El pasado 1 de febrero de 1999, tres meses y medio después del arresto del general Augusto Pinochet en Londres, la Administración Clinton adoptó, tras un largo debate interno, una decisión sobre cómo -después de revelar documentos sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras- se colaboraría en el caso de Chile. Finalmente, se resolvió enviar a todos los departamentos implicados un memorándum a través del Consejo Nacional de Seguridad.

"De parte del Presidente, le pedimos ahora su cooperación para realizar una compilación y revisión para su difusión de todos los documentos que arrojan luz sobre abusos de los derechos humanos durante y antes de la era Pinochet en Chile", decía la orden. "La difusión de esta información puede ayudar a promover el consenso dentro de Chile para robustecer el proceso de verdad y reconciliación en el tratamiento de estas cuestiones, así como el destino de los desaparecidos. Una desclasificación también dará respuesta a los expresos deseos de las familias de víctimas norteamericanas en el abuso de los derechos humanos, y a las numerosas peticiones de miembros del Congreso", agregaba.

Por fin, el 11 de junio, la CIA, después de hacer un filtro espectacular, según fuentes de la Administración y abogados de las víctimas norteamericanas, decidió desclasificar 490 documentos. Aunque el material es desigual -contiene, por ejemplo, mucha reproducción de revistas editadas internamente por la Agencia-, el juego de cablegramas, comunicaciones e informes entre el 1 de enero de 1973 y los meses siguientes al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, revelan un conocimiento directo, minuto a minuto, de los acontecimientos, y pintan un cuadro sangriento de la represión.

Otros cables referidos a los años 1975 y 1976 confirman que Augusto Pinochet mantuvo su régimen a base de sangre, fuego y tortura. Y lo que es más relevante: el Gobierno de Richard Nixon, que ayudó a desestabilizar en 1970 el Gobierno de Salvador Allende, cosa que ya era pública, conoció de primera mano la conspiración que desembocó en el golpe militar de Pinochet y estuvo informado de los asesinatos, desapariciones y torturas durante el curso de los mismos; en muchos casos, antes de que ocurrieran.

El 8 de septiembre de 1973, tres días antes del golpe militar, la misión de la CIA informó a la Dirección de Operaciones, según uno de los cables desclasificados, de que, según una fuente cuyo nombre aparece emborronado en el documento, la Marina tenía "previsto iniciar una acción en Valparaíso a las 8.30 horas el 10 de septiembre para derrocar al Gobierno de Salvador Allende" y que "la Fuerza Aérea apoyará esta iniciativa", al tiempo que registra que el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, "ha tomado contacto con el general Pinochet, comandante en jefe del Ejército, quien le ha dicho que el Ejército no se opondrá a la acción de la Marina".

El informe de la CIA dice que su informante "cree que el Ejército se unirá al golpe después de que la Fuerza Aérea apoye a la Marina". El cable añade otra información sensible: "El general Leigh piensa mantener su contacto con Pinochet y otros generales del Ejército durante el periodo del 8 al 10 de septiembre". Las conclusiones: "El golpe puede ser el 10 de septiembre o, como mucho, durante la semana del 10 de septiembre". El mismo día 10, la misión de Santiago transmitía un nuevo cable a Washington. "El intento de golpe comenzará el 11 de septiembre. Las tres Fuerzas Armadas y los Carabineros están implicados en esta acción. Se leerá una declaración por Radio Agricultura a las 7.00 del 11 de septiembre".

El 11 de septiembre, el día del golpe, la misión de Santiago transmitió varios informes sobre el asalto al Palacio de la Moneda, el bombardeo de la casa del presidente Allende, en la calle Tomás Moro, y sobre su suicidio, así como dio cuenta de las detenciones y la severa represión.

"La junta militar reconoce, según nuestros informantes, que ha cometido errores en su conducta inicial y está dispuesta a adoptar medidas a fin de mejorar su imagen", dice un cable del 24 de septiembre. Según dicho informe, la imagen interna y mundial de la junta es "sangrienta y represiva". En el mismo informe se da cuenta de que entre el 20 y el 24 de septiembre, el día en que fue redactado el cable, "27 cadáveres han sido recobrados del río Mapocho en Santiago, algunos de los cuales exhiben signos de tortura y mutilaciones". Añade que su fuente ha dicho que "la junta militar reconoce que las detenciones e interrogatorios llevados a cabo en el Estadio Nacional, en Santiago, han sido extremadamente desorganizados".

La información fluía constantemente a manos de los agentes y colaboradores de la CIA en Santiago. Otro cable del 24 de septiembre habla de las víctimas de la represión, en relación con las cifras que ya se barajan, que oscilaban entre 2.000 y 4.000 personas. "Las cifras de muertes de civiles durante el golpe y las operaciones de limpieza [sic] no son fiables, ya que reflejan sólo muertes de personas que son "procesadas" en hospitales y otros establecimientos y sobre las que se han extendido certificados de muerte. La muerte de una gran mayoría de personas en operaciones de limpieza contra extremistas, incluyendo ejecuciones de individuos que portaban armas de fuego y se resistieron, no están registradas. Sólo los miembros de la junta tendrán una idea clara de las cifras correctas de muertos, que probablemente matendrán en secreto".

Por esas fechas, según los cables enviados por la Embajada de Estados Unidos en Chile, el apoyo al golpe estaba fuera de toda discusión, fundamentado en la cruzada anticomunista de Pinochet. En septiembre de 1973, por ejemplo, el Gobierno militar solicitó a la embajada norteamericana personal para que le ayudara en la instalación de campos de detenidos para miles de personas arrestadas. La embajada expresó su preocupación por los problemas políticos que podrían derivarse de tal asistencia. Un cable de la embajada dirigido al Departamento de Estado dice que en lugar de asesores "podríamos considerar la posibilidad de ofrecer asistencia material como tiendas de campaña, mantas, etcétera".

Esta actitud de colaboración y simpatía se ve reflejada en un cable del embajador norteamericano, David H. Popper, según una carta dirigida al Departamento de Estado a primeros de 1974. "He adoptado la línea invariable de que el Gobierno de Estados Unidos simpatiza y apoya al Gobierno de Chile, pero que nuestra capacidad para ser útiles está neutralizada por las preocupaciones del Congreso y los medios de comunicación en relación con las presuntas violaciones de derechos humanos aquí".

La posición norteamericana no procedía de dudas o confusión sobre lo que ocurría. Según un cable de la CIA en Santiago, del 28 de octubre de 1973, el general Pinochet, presidente de la junta militar, y el general Sergio Arellano "lideran a los generales del ala dura". El cable añadía: "Los duros creen que los extremistas o los activistas marxistas deben ser ejecutados sumariamente, mientras que los del ala blanda estiman que deben ser juzgados, sentenciados y se debe intentar recuperarles".

La desclasificación permite confirmar, como era evidente por materiales parcialmente revelados con anterioridad, que el sistema represivo montado no se limitó a las fronteras de Chile. Varios documentos muestran cómo las actividades de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la que en cierto momento se le dio por decreto el monopolio de la represión en el interior de Chile, complementó su actividad en el exterior con policías y ejércitos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia bajo el paraguas de la llamada Operación Cóndor.

En septiembre de 1974 era asesinado en Buenos Aires, como había vaticinado la CIA en julio de 1973, el general Carlos Prats al estallar una bomba en su coche. En 1975 le tocó el turno a Bernardo Leighton, el dirigente demócratacristiano que tanto irritaba a Pinochet.

Un informe urgente del Departamento de Estado, desclasificado el pasado miércoles, se dirigía a Henry Kissinger el 18 de agosto de 1976, y pedía su intervención rápida para evitar un asesinato en el exterior. "Usted está al corriente de una serie de informes sobre la Operación Cóndor. La coordinación de seguridad e inteligencia probablemente se pueda entender. No obstante, la planificación y la dirección de asesinatos por parte de Gobiernos dentro y fuera de los países de la Operación Cóndor tiene más serias implicaciones a las que debemos hacer frente de manera directa y rápida". No consta que Kissinger haya seguido las recomendaciones de "presentar nuestras preocupaciones a la atención de los Gobiernos implicados".

Un mes más tarde, el 21 de septiembre de 1976, una bomba depositada en su coche, artefacto también utilizado en el atentado contra el general Prats, estalló y mató a Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, y a su colaboradora, la ciudadana norteamericana Ronni Moffitt. Varios documentos desclasificados sobre este caso, uno de los más espectaculares asesinatos políticos ocurridos en Washington, han sido mantenidos en secreto por petición del Departamento de Justicia, que investiga desde hace varios meses la posibilidad de implicar al general Pinochet en el asesinato.