Un inspector de Hacienda pidió 50 millones por "arreglar" un acta, según declara un testigo

El jefe de inspección de Hacienda Álvaro Pernas, a quien la Agencia Tributaria denunció por tres intentos de chantaje a otras tantas empresas, pidió 50 millones de pesetas a una de ellas, la inmobiliaria Metro 3, a cambio de arreglar un acta de inspección. La petición se produjo cuando un conocido intermediario bursátil de Barcelona, Enrique Viola Tarragona, amigo del presidente de Metro 3, se puso en contacto con Pernas, a quien también conocía dadas las importantes actividades bursátiles del inspector. Viola ha confirmado estos hechos en una declaración en la Fiscalía de Barcelona.

Tanto la fiscalía como Enrique Viola Tarragona declinaron realizar ningún comentario sobre estos hechos, aunque varias fuentes corroboran que el agente de Bolsa ha reconocido en su declaración ante el fiscal del caso la exigencia formulada por el inspector de Hacienda. Álvaro Pernas, jefe de inspección en la provincia de Barcelona, fue denunciado el pasado mes de abril por la propia Agencia Tributaria. Ésta había recibido tres denuncias de otras tantas empresas en las que se ponía de manifiesto tres supuestos intentos de chantaje por parte del inspector. Tras una instrucción sumaria, el delegado especial de Hacienda en Cataluña, José María Lluis de Odriozola, decidió enviar toda la información a la Fiscalía de Cataluña, que es la que está insruyendo el caso.

De acuerdo con la información recogida por este diario, Metro 3 comezó a ser inspeccionada por Pernas de una manera "extremadamente dura", según fuentes cercanas a la empresa. La virulencia de la actitud de la inspección llevó al presidente de la sociedad barcelonesa, Baltasar Aznar, a buscar la intervención de una persona de su confianza.

La persona elegida fue Enrique Viola Tarragona, conocido mediador bursátil en Barcelona, hijo del ex alcalde Joaquín Viola -asesinado en 1978 junto a su esposa por unos independentistas- y sobrino del ex procurador en Cortes Eduardo Tarragona. Viola tenía buenas relaciones con Aznar, el presidente de Metro 3. Además, debido a su profesión en Bolsa y al hecho de que fue inspector de Hacienda, Viola Tarragona mantenía también relaciones con Pernas. De hecho, durante varios años, según fuentes de Hacienda, Pernas actuó como coordinador de las inversiones en Bolsa de muchos inspectores de Barcelona, y en especial de José María Huguet, quien fue jefe de la inspección de Cataluña entre 1986 y 1994, y Ernesto de Aguiar, ex delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1986 y 1988 y director general entre 1988 y 1990.

De hecho, los tres se cruzan participaciones en varias sociedades de inversión, como, por ejemplo, Aravaca de Inversiones y Kunsan. Las mismas fuentes aseguran que durante varios años Pernas estuvo prácticamente liberado de sus responsabilidades en la inspección para dirigir las inversiones de los clubes formados por varios inspectores.

Cuando Viola entró en contacto con Pernas, éste precisó que el problema de la empresa podía arreglarse con el pago de 50 millones de pesetas, según fuentes conocedoras de lo declarado por el agente de Bolsa de Barcelona.

El gran interrogante del caso sigue siendo qué ocurrió después. Pernas terminó la inspección de Metro 3 y presentó un acta que fue revocada por el inspector jefe, algo completemante inusual, y se ordenó reabrir la inspección, aunque esta última terminó sin más consecuencias. Cuando se anuló la primera inspección, la empresa acudió a la Agencia Tributaria a denunciar lo sucedido.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Barcelona, que se fundamenta en las informaciones aportadas por las tres empresas denunciantes ante el jefe regional de inspección, la Agencia Tributaria hace constar que "una vez que las actas fueron anuladas por esta inspección regional y ordenada la correspondiente ampliación de las actuaciones, el asesor de la empresa mantuvo una entrevista con este inspector [el jefe regional que firma la denuncia] en la que se le informó que se había llegado a un acuerdo, a través de un intermediario, con Pernas de entrega de una determinada cantidad de dinero (aproximadamente 60 millones de pesetas) una vez que las actas fueran firmes". Las otras dos empresas que denunciaron a Pernas fueron la Fundación Familiar Catalana y Tresne. La primera denunció que el inspector le había exigido 200 millones por no levantar actas de infracción.

Pernas fue condenado a ocho meses de cárcel por agresión a dos agentes de la Guardia Urbana de la población de Sant Feliu de Guixols (Girona), que a principios de 1998 retiraron de la vía pública su coche, mal aparcado. Los agentes implicados en ese caso, así como la forense que certificó las lesiones y otros empleados de la grúa, denunciaron que al año siguiente Hacienda les envió declaraciones paralelas.