La negación

Grupos y partidos políticos ocupan su tiempo en lograr pactos que permitan alcanzar el gobierno a quienes no obtuvieron mayoría suficiente. Concejalías y consejerías están en liza. Barajan, mejor que Heraclio, justificaciones para dejar unos socios y tomar otros. Algunas tan esperpénticas como las del alcalde de Granada. Se queja porque se traslada al ático. Otras, como las de Javier Arenas, encierran un lamento. Dice que el PP, a diferencia del PSOE e IU, tiene imposibles las alianzas, ya que carece de una formación de referencia. Será en Andalucía, porque en Santoña han pactado con el Movimiento Falangista Español. Sin embargo, todo pasa a un segundo plano cuando enfrente está el GIL. Grupos y formaciones aparcan diferencias ideológicas. Se unen para que el GIL no gobierne. Esta decisión, como quieren hacer ver representantes del GIL, no persigue al grupo. El Estado español -sistema electoral y principios democráticos- da carta de naturaleza a partidos que alcanzan representatividad con escasos electores. Son otras las razones, otro el problema. El problema es que donde gobierna el GIL se abandonan las reglas democráticas y se usan las vías de hecho, impidiendo, a través del poder logrado, que oposición, instituciones y leyes se desarrollen o lo hagan con dificultades. Es la negación de la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, base del sistema democrático. Estas razones que esgrimen los políticos les obligan a que lo que están diciendo, lo cumplan. No valen excusas que puedan, donde sea posible, permitir un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, porque, entonces, es que no se está resuelto a poner término al juego antidemocrático que denuncian. En este enfrentamiento político no parece necesaria la intervención del fiscal Anticorrupción, salvo que exista un entramado penalmente relevante. Si es así está obligado a probarlo, a contarlo en papel de oficio y no en los medios, pues, de lo contrario, puede servir de factor de confusión y debilitar un posicionamiento político firme en defensa de los valores constitucionales.