La Fiscalía investiga a una fundación de UGT por el supuesto uso irregular de fondos de formación

La justicia no sólo investiga las supuestas ilegalidades cometidas por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en el uso de fondos procedentes del erario público. Recientemente, la Fiscalía ha comenzado a trabajar sobre las "irregularidades detectadas en el control financiero realizado a la Fundación Pascual Tomás", una entidad dependiente de la Unión General de Trabajadores (UGT). El ministerio público investiga, de momento, haciendo acopio de información, "los presuntos fraudes" cometidos en el uso de los fondos para la formación continua (Forcem).

La Fundación Pascual Tomás es una organización directamente dependiente de UGT del País Valenciano. Creada hace aproxidamente una década con fines culturales, su principal tarea ahora es promover la formación de los trabajadores. De hecho, miles de personas asisten cada año a los cursos que constantemente tienen lugar en sus instalaciones, separadas de las de la central sindical. Ahora, la Fiscalía investiga si en los últimos años, presumiblemente, entre 1993 y 1995, los responsables de la fundación pudieron incurrir en un uso irregular de los fondos. El representante del ministerio público encargado del caso ha abierto diligencias de investigación penal por las "irregularidades detectadas en el control financiero realizado a la Fundación Pascual Tomás por razón de las subvenciones recibidas por dicha entidad de Forcem", tal como reza un escrito de la Fiscalía. Ésta, en una comunicación suscrita por su responsable, Enrique Beltrán, solicita al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, el encargado de investigar las supuestas irregularidades cometidas en la CEV, la remisión de un informe del Tribunal de Cuentas. Más exactamente, el informe realizado por ese organismo fiscalizador radicado en Madrid "en la parte relativa a la Fundación Pascual Tomás, al Fondo de Promoción y Empleo y a la Federación Siderometalúrgica de UGT del País Valenciano". El ministerio público intenta hacer acopio de toda la documentación relacionada con la causa, en este caso, con escaso éxito. La única documentación que obra en poder del juzgado y tiene relación con UGT hace referencia "a la Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT, sin que en él se haga ninguna alusión a la Federación del País Valenciano". El Tribunal de Cuentas realizó un extenso y documentado estudio que concluyó que la mayor parte de organizaciones empresariales y sindicales beneficiadas con fondos de formación hicieron uso de éstos con "falta de rigor". Por ello, desde ese tribunal se trasladó la existencia de posibles irregularidades tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a diversas fiscalías de comunidades autónomas. En ese sentido, fuentes de la Fiscalía valenciana aseguran que este organismo trabaja en varios frentes: a partir de la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas; a partir de la información enviada por la Fiscalía Anticorrupción -aquellas posibles irregularidades que quedan fuera de su competencia- e incluso de denuncias de particulares. La investigación iniciada sobre la Fundación Pascual Tomás, ya inspeccionada sin mayores consecuencias en 1995, se encuadra en esa iniciativa general. Su responsable, Rafael Soriano, negó ayer tener conocimiento alguno de la iniciativa legal. Eso sí, defendió la gestión de la fundación, que ha hecho "un uso escrupuloso" de los fondos públicos manejados en los últimos años. "Estoy tranquilo, porque en todo momento hemos actuado correctamente", afirmó.