La Comisión de Industria aprueba el informe que avala la gestión de Piqué

La Comisión de Industria del Congreso dio ayer el carpetazo definitivo a los trabajos de la subcomisión que durante tres meses ha examinado la política de subvenciones del Ministerio de Industria. Las conclusiones finales, pactadas por PP, CiU y Coalición Canaria eximen al departamento que dirige Josep Piqué de cualquier sombra de irregularidad a la hora de conceder ayudas. El cierre de la subcomisión provocó un agrio debate entre el PSOE y el PP.

La Comisión de Industria formalizó la tesis que el PP ha mantenido desde el mismo momento en que se iniciaron los trabajos de la subcomisión, en el mes de abril: que Industria, y por extensión su máximo responsable, se han atenido estrictamente a la legalidad a la hora de conceder ayudas. Es más, según el dictamen, Piqué ha mejorado la gestión de las subvenciones. El informe final aprobado, en el que ni siquiera se trata la polémica condonación de 8.500 millones a Ercros, sólo contiene una leve referencia -introducida por CiU- negativa para Industria, al asegurar que en determinados casos, Industria actuó con "discrecionalidad". En el debate, cuya parte final fue más que agitada, se rechazó el voto particular elaborado por el PSOE, IU y Nueva Izquierda, y en el que se concluye que en la gestión de las subvenciones de Industria se registraron irregularidades e indicios de criminalidad.

PSOE e IU apoyaron, no obstante, 11 de las 16 conclusiones del informe final, referidas todas ellas a introducir modificaciones en la gestión de las ayudas, de forma que se impida cualquier atisbo de ilegalidad.

La sesión final de la subcomisión registró momentos de gran tensión. El PSOE, a través del diputado Álvaro Cuesta, se quejó de la precipitación con que se han concluido los trabajos y, como ejemplo, señaló que se ha vulnerado el derecho de los diputados a disponer de los documentos sometidos a votación con 48 horas de antelación. El reproche, que sirvió a Cuesta para anunciar que el PSOE pedirá la nulidad de los acuerdos adoptados ayer, iba dirigido al presidente de la Comisión de Industria, Salvador Sedó (CiU9. Tan agrio fue el debate, alimentado además con nuevas denuncias por parte del PSOE sobre miembros del Gobierno y del PP, que Sedó llegó a retirar la palabra al diputado socialista.

Tras el cierre de la subcomisión de Industria, a la oposición, que discrepa radicalmente de las conclusiones del PP, CiU y Coalición Canaria, sólo le queda el camino de los tribunales. Tanto el PSOE como IU han anunciado su intención de trasladar a la Fiscalía los expedientes de subvenciones tramitados por Industria para Hullera Vasco Leonesa, Erkimia, Otarraso, Castileon 2000 y Uría Motor, entre otros. En el paquete de presuntas irregularidades, ambas formaciones introducen también el caso de Ercros, en el que cuestionan el papel jugado por su ex presidente y hoy ministro, Josep Piqué. Éste señaló ayer que la subcomisión "ha puesto de relieve la verdad" y que le deja "indiferente" el anuncio de que la polémica llegará a los tribunales. De hecho, el caso Ercros ya ha sido trasladado al Tribunal de Cuentas por tres diputados socialistas que consideran que al perdonarle créditos se dañó a la Hacienda Pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de junio de 1999.

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