Los socialistas solicitan que se sancione a Piqué por no inhibirse respecto a Ercros

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en el Congreso por la que solicita que el Consejo de Ministros abra un expediente sancionador contra el ministro de Industria, Josep Piqué, "por no haberse inhibido del conocimiento de los asuntos referidos a Ercros", empresa que presidió el portavoz del Ejecutivo hasta 1996. La secretaria general del Grupo socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y el diputado Francisco Fernández Marugán informaron de esta iniciativa que, además de la petición de sanción a Piqué, propone una serie de medidas para aumentar el control de las incompatibilidades de los altos cargos. Los socialistas piden que se sancione a Piqué porque consideran que vulneró la legalidad al no someterse a un procedimiento de inhibición respecto a las decisiones del Gobierno referentes a la condonación a Ercros de parte de una deuda con el Instituto de Crédito Oficial y porque, según Fernández Marugán, "ha confundido los intereses que tenía cuando era presidente de Ercros con los intereses generales". Los socialistas consideran una "tomadura de pelo" que el Gabinete pretenda solventar el asunto alegando que Piqué no estuvo presente en las deliberaciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que trató sobre la deuda de Ercros, ya que recordó que la Ley establece un procedimiento escrito de inhibición para "garantizar la imparcialidad". "Quien apoye todo esto que lo haga bajo su responsabilidad", dijo Fernández de la Vega en referencia a la postura de los socios del Gobierno en la votación de hoy de la moción del PSOE, y a su respaldo a la pretensión de dar "cerrojazo" a la subcomisión de análisis de la gestión de Piqué en Industria. CiU, en sus conclusiones sobre esa subcomisión, considera que no se ha evidenciado que las subvenciones de Industria "se hayan apartado del ordenamiento vigente" si bien alerta de la existencia de "lagunas legales".

En cambio, Fernández de la Vega dijo que en esa subcomisión "se confirman todas las sospechas en orden a la actuación del hombre de [el financiero Javier] De la Rosa en el Consejo de Ministros, que ha estado actuando a favor de intereses claramente partidarios en una gestión que contiene numerosas irregularidades, ilegalidades y en algunos supuestos entra incluso en indicios de afectar al Código Penal". Además, la iniciativa del PSOE propone que se prohíba a los altos cargos percibir directamente o a través de sus familiares subvenciones públicas relacionadas con su área.