La solución de Costa Rica: "vender" sus bosques

Costa Rica ha elaborado una propuesta original para compensar la previsible incapacidad de los países occidentales de reducir sus emisiones de CO2: que paguen a los gobiernos del Tercer Mundo que se comprometan a mantener bosques capaces de absorber los excesos de su producción del gas venenoso. Con ese principio, y un poco de ingeniería financiera, nacieron los llamados "bonos de carbono", que, como otros mecanismos de este tipo, todavía en discusión, siguen adoleciendo de una falta de apoyo institucional para poder desarrollarse.

En concreto, se trata de lo siguiente: el CO2 se difunde en la atmósfera, donde puede ser reciclado por las plantas, que, al realizar la función clorofílica, lo absorben y desprenden oxígeno. Pero a los países desarrollados, que son los más productores del dióxido, les falta vegetación.

Para los países en vías de desarrollo, el mantenimiento del bosque representa un coste económico creciente. El Gobierno de Costa Rica paga, por ejemplo, a los particulares que renuncien a talarlo e incurre cada año, por ese y otros conceptos similares, en un gasto de al menos 30 millones de dólares. Para los países desarrollados, la reducción de las emisiones de CO2 representa también un coste importante, ya que requiere que se introduzcan tecnologías más avanzadas que las vigentes.

La oferta de Costa Rica se basa, pues, en el razonamiento de que los productores de CO2 encontrarán que pagar a su país porque mantenga las hectáras de bosque necesarias para absorber sus excesos de gas resulta menos caro que el cambio tecnológico.

Se calculó el baremo de hectáreas de bosque capaces de absorber una tonelada de CO2 y se redactaron los contratos por los que la empresa interesada se compromete a pagar a Costa Rica, cuando llegue la fecha de aplicación del compromiso de Kioto, el coste de la extensión de bosque necesaria para absorber sus excedentes del gas. Ese compromiso de pago se transforma luego en un bono, que se puede negociar en Bolsa. Costa Rica ha firmado, de hecho, contratos de este tipo con varios países escandinavos por valor de dos millones de dólares, según informó a este diario el viceministro costarricentese del Ambiente y la Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi. Los bonos derivados han sido incluso admitidos a negociación en la Bolsa de Chicago, pero, hasta ahora, no se han comercializado.

El viceministro explica que el retraso en el lanzamiento se debe a que la convención sobre el cambio climático no es coercitiva ni prevé, por ello, una autoridad capaz de respaldar la validez de medidas compensatorias como los bonos y otras similares. Está previsto que estas iniciativas, que favorecerían una transferencia de dinero de los países contaminantes del primer mundo a los del tercero, se debatan en próximas cumbres.