El aval constitucional a la ley de reproducción asistida divide a los expertos

La sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso del PP contra la Ley 35/1988, de Reproducción Asistida Humana (véase EL PAÍS de ayer), ha dividido a los expertos en razón del ámbito matrimonial o libre en que se aplican las técnicas que permite. Mientras los partidarios de la familia matrimonial y reproductiva sólo admiten que las técnicas que la ley permite se practiquen en ese ámbito, desde una posición más progresista se apoya que cualquier mujer pueda beneficiarse de lo previsto en la ley. Así, el presidente de la Sociedad Española de Bioética, Marcelo Palacios, considerado padre de la ley, desde su condición de diputado socialista cuando se elaboró en 1988, mostró ayer su satisfacción porque el Tribunal Constitucional "deja a la ley incólume, libre y limpia del recurso de inconstitucionalidad, lo que demuestra que fue un acierto". Palacios recordó que "la ley no obliga, es optativa, respetando las convicciones morales de quien no comparta las técnicas, aunque la realidad es que actualmente hay 114 centros en España de reproducción asistida y han nacido miles de niños gracias a ellas".

El optimismo de Palacios, que atribuyó el recurso del PP a "tormentas emocionales" de 1988, superadas hoy por los avances científicos, no lo confirmó su colega José Antonio Abrisqueta, del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, quien lamentó el aval jurídico a una ley que, según dijo, "menoscaba la protección constitucional de la familia" al permitir que cualquier mujer, fuera de ella, pueda optar a esas técnicas.

En igual línea, el obispo Juan José Asenjo, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, criticó la sentencia y declaró que "no todo lo que es legal es moral".