Champalimaud recurre también en Lisboa el veto al pacto con el BSCH

El grupo Champalimaud presentó ayer ante el Ministerio de Finanzas portugués un recurso administrativo contra el veto a su acuerdo con el Banco Santander Central Hispano (BSCH) en el que ofrece al departamento una información exhaustiva y adicional sobre el contenido del mismo con el objetivo de que el Gobierno de Lisboa pueda revocar su decisión. El copresidente del BSCH Emilio Botín aseguró que el pacto es "muy importante" para la construcción europea.

Anoche la aseguradora Mundial Confianza dio un nuevo giro a la pugna financiera entre el BSCH y Champalimaud y las autoridades portuguesas, al anunciar que el 51,1% de las acciones de su capital y los derechos de voto están pignoradas. Este anuncio puede suponer la anulación de la oferta pública de adquisición lanzada por el BCP por el 100% de Mundial, cabecera del grupo Champalimaud, inmediatamente después de que el viernes pasado el Gobierno de Portugal vetara el acuerdo entre el grupo español y el portugués. Por su parte, en su primera manifestación pública desde que comenzaron los problemas con Portugal, Emilio Botín afirmó en Madrid que el acuerdo es también muy importante para España y Portugal, puesto que supone la entrada conjunta en Brasil.

El recurso administrativo presentado, según el grupo financiero portugués, no supone una contradicción con los argumentos esgrimidos ante la Comisión Europea (CE), en el sentido de que esa institución sería "el único órgano con competencias exclusivas en el caso", sino que constituye "una decisión estratégica" para proporcionar informaciones adicionales sobre el acuerdo que permitan al Gobierno "salvar la cara y revocar esa decisión que ellos saben que es ilegal", según fuentes de la familia Champalimaud.

Dichas fuentes consideran que este recurso puede abrir las vías para una futura negociación entre el Gobierno y las entidades financieras. No obstante, Champalimaud dispone de dos meses para recurrir la decisión ante los tribunales de justicia.

El grupo Champalimaud y el BSCH están convencidos de que la CE les dará la razón, pero reconocen que el Gobierno de Lisboa les "podría hacer la vida muy difícil" en Portugal y pretenden dejar puertas abiertas para que el conflicto pueda solucionarse. En este sentido, el primer ministro, António Guterres, afirmó ayer, durante el debate del estado de la nación, que el grupo Champalimaud y el BSCH deben rectificar los "actos ilegales" que dieron lugar a la alianza. Según Guterres, el caso le fue presentado de "forma ilegal y sin el mínimo de respeto por la dignidad de un Gobierno". A preguntas de un diputado del Partido Popular, el socialista Guterres explicó que el Gobierno decidió vetar la operación por razones estrictamente legales: "La decisión no está basada en un nacionalismo proteccionista; no hay discriminación contra nadie ni puede ser invocada esa discriminación por nadie".

El jefe del Gobierno luso precisó que el caso "encierra también responsabilidades morales" que afectan directamente al industrial y financiero António Champalimaud.

Tras asegurar que Champalimaud se aprovechó de un trato de favor por parte del anterior Gobierno conservador para hacerse, en 1992, con el control del grupo Mundial Confiança y adquirir el 50% del Totta & Azores al Banesto, Guterres concluyó que tales hechos merecían otra respuesta de Champalimaud y del partido cuyo Gobierno permitió esas operaciones.

Asimismo, los socialistas portugueses impidieron, con su abstención en el Parlamento hace menos de dos meses, que una comisión investigadora condenase el "trato de favor" recibido por Champalimaud en esas operaciones.