Paralizados los permisos a Zabalgarbi hasta que entre el nuevo Ayuntamiento

La burocracia es ahora la causante de los retrasos en uno de los proyectos más polémicos de los últimos años, la construcción de una planta incineradora en Bilbao. El consistorio bilbaíno mantiene paralizada desde hace casi un mes la concesión de la licencia de actividad, a la espera de la constitución de la nueva corporación. Los siguientes trámites, como la declaración de impacto y la licencia de obras, se prolongarán varios meses más. La promotora Zabalgarbi sostiene que los trabajos comenzarán a finales de año.

La incineradora, un proyecto de 23.400 millones de pesetas que quemará anualmente 228.000 toneladas de basura, salvó recientemente su principal obstáculo: el plan urbanístico del vertedero bilbaíno de Artigas -lugar donde se ubicará-, que estuvo prácticamente paralizado casi un año, entre mediados de 1997 y 1998. Su aprobación inicial, en junio del pasado año, se convirtió en definitiva el día 1 de junio, casi un año después. A partir de entonces se preveía una rápida tramitación, puesto que todas las gestiones pendientes son burocráticas, actos reglados que no dependen de ningún criterio político y se deben aprobar si los promotores cumplen las condiciones técnicas. Sin embargo, el Ayuntamiento bilbaíno ha mantenido paralizada todo este mes la licencia de actividad hasta que se constituya la nueva corporación, prevista para el próximo 3 de julio. "Hasta entonces no se hará nada", señaló un portavoz municipal. Junto a este permiso se incluirá el estudio de impacto ambiental, elaborado por una firma inglesa, y que debe ser refrendado por el Gobierno vasco. Estos dos documentos se expondrán a información pública, con la posibilidad de presentar nuevas alegaciones. En el plan urbanístico se formularon casi 2.000. Luego, el Ejecutivo autónomo debe aprobar la declaración de impacto ambiental, a la que seguirá el último trámite administrativo: la licencia de obras, que daría vía libre al inicio de los trabajos. "Nosotros trabajamos con la previsión de iniciar la construcción a finales de año. En cualquier caso, Zabalgarbi mantiene que la planta esté en funcionamiento en el año 2001". Ésta ha sido la única fecha que ha mantenido invariable Zabalgarbi, la promotora integrada por ocho socios: la firma francesa Generale des Eaux (25%), la Diputación vizcaína (20%), la ingeniería Sener (20%), el instituto IDEA (10%), el EVE (10%), BBK (5%), Babcock Wilcox (5%) y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%). Las previsiones iniciales apuntaban al verano de 1998 como fecha de comienzo de los trabajos. Aunque la demora se traslade hasta finales de año, Zabalgarbi confía en la puesta en servicio en el 2001. "Se habla de 30 meses, pero las obras pueden estar en 24", señalan sus portavoces. La incineradora es uno de los pilares del Plan de Gestión de Residuos de Vizcaya, iniciado la pasada legislatura y que prevé lograr en 2001 que el vertido de la basura se quede en un 42% (ahora está en el 84%), la reutilización de los residuos llegue al 35% y la incineración sea del 23%. Ecologistas y grupos ciudadanos, que se agrupan en la plataforma Bizkaia Bizirik, se oponen al proyecto por su "oscurantismo", al verlo más como una central de electricidad, y por motivos ambientales, debido a la contaminación generada por las dioxinas y furanos que se liberan en estas instalaciones. Además afirman que la incineradora incumple tres leyes: la de actividades molestas, las DOT del País Vasco y el plan urbanístico de Bilbao. Zabalgarbi defiende la "limpieza" de la planta, puesto que "las incineradoras modernas, con emisiones debajo de 0,1 nanogramos ya no son emisoras de dioxinas sino destructoras. Zabalgarbi emitirá en 25 años 1,14 gramos de dioxinas".