Precisión

En EL PAÍS del miércoles 16 de junio, en su página 16, en la sección de Opinión, aparece un comentario que se titula Justicia para todos. En él se critica a las asociaciones judiciales, y en especial a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, por haber reaccionado "con impulso corporativo ante la iniciativa de la Inspección del Consejo del Poder Judicial de obtener datos sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales de quienes más directamente son testigos de lo que en ellas se hace o se deja de hacer: los abogados y procuradores". Y se añade: "Salvo Jueces para la Democracia, que considera útil conocer la opinión de "usuarios cualificados" de la justicia, todas las asociaciones judiciales cuestionan la iniciativa". A continuación, el editorialista entrecomilla párrafos del escrito que con este motivo dirigió la Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial solicitando la suspensión inmediata de esa práctica.

Hasta aquí, nada que objetar, ya que cualquiera puede discrepar de una determinada posición y exponer libre y razonablemente los motivos de su postura. Pero a partir de ahí hemos de rechazar en su totalidad cuanto en el comentario se expone. Y ello porque, desde luego, intencionadamente, ya que no puede ser de otro modo, el comentario oculta lo que en la postura de las asociaciones, y en particular en la de la Asociación Profesional de la Magistratura, es esencial.

No recoge el comentario, como debería haber hecho si quería glosar con lealtad para sus lectores, el escrito dirigido al CGPJ por la Asociación Profesional de la Magistratura, en el que razonábamos nuestra disconformidad con el método de las encuestas porque el mismo va más allá de lo legalmente permitido, y que recoge el artículo 175.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dispone que "el expediente de la inspección se completará con los informes sobre el órgano inspeccionado, que podrán presentar los respectivos colegios de abogados y procuradores en todo aquello que les afecte. A tal fin, serán notificados con la suficiente antelación respecto a las circunstancia en que se lleve a cabo la actividad inspectora". Decíamos en nuestro escrito que "nada hay que objetar a la consulta a los colegios, que, amén de legal, es razonable y ofrece las suficientes garantías de que la respuesta colegial será fundada y objetiva", y añadíamos, y esto es lo que se silencia, calla y omite el comentario, y eso es muy grave, puesto que oculta al lector parte esencial de la postura asociativa que critica, que, "por el contrario, poner en manos anónimas y sin garantía alguna la valoración del desempeño de la actividad del juez y del juzgado o tribunal atenta contra la independencia en el ejercicio de la jurisdicción y se presta a situaciones indeseables de presión que debemos rechazar con toda energía, porque vulneran los más elementales principios de seguridad jurídica y pueden afectar a la imparcialidad del juez".

Y es que ahí está el nudo gordiano de la cuestión. Las asociaciones no están en contra de la transparencia en la Administración de justicia y en el ejercicio del Poder Judicial por jueces y magistrados, sino de que su labor se cuestione a través de encuestas anónimas y aleatorias, y eso es lo que oculta el editorialista, que carecen de la menor garantía, hasta el punto de que ni tan siquiera permiten saber si realmente las ha cumplimentado un abogado o procurador.

La trascendencia de cuestiones que afectan a instituciones medulares del Estado, como es el ejercicio de la jurisdicción, exigen a quienes tienen el derecho y el deber de informar cumplir con especial cuidado el mandato constitucional de comunicar información veraz, o, lo que es lo mismo, completa, no mutilada ni manipulada.

Los ciudadanos, y desde luego los profesionales que día a día hacen posible la justicia junto con los jueces, saben que disponen de medios suficientes para hacer llegar a los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, salas de gobierno, decanatos, presidentes y Consejo General del Poder Judicial cualquier queja por el trato que reciban de la Administración de justicia y de jueces y magistrados, sin que haya que recurrir a situaciones que rozan el esperpento de rellenar encuestas anónimas y aleatorias. De eso nos quejamos, no de que se controle con todo el rigor que sea necesario nuestra labor.- presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.