El Parlamento condenará "el alzamiento militar fascista" de 1936

Una proposición no de ley, que cuenta con todas las probabilidades de ser aprobada al contar con el apoyo del PNV, EA, EH e IU, llevará a un próximo pleno del Parlamento una condena del "levantamiento militar fascista en contra de las instituciones democráticas de la II República Española y las naciones catalana, gallega y vasca", cuando acaban de cumplirse sesenta años del final de la guerra civil. La proposición insta al Gobierno a estudiar la constitución de un fondo para garantizar un salario social a los exiliados de la guerra civil o sus herederos que se encuentren en situación de necesidad. Ese fondo debería arbitarlo el Ejecutivo autonómico de común acuerdo con las instituciones de los países que acogieron a los vascos huidos de las represalias de la guerra y su cuantía habría también de ser acorde con la situación económica de los países en cuestión. El texto, cuya tramitación reclaman urgente los grupos firmantes, persigue que el Gobierno realice además "las acciones necesarias tendentes a la recuperación de los derechos y propiedaees que en aquel contexto fueron perdidos por los exiliados" y que esas acciones se ejerciten igualmente en favor de sus herederos. Los cuatro grupos justifican su iniciativa en el cumplimiento, este año, del 60 aniversario de la finalización de la guerra civil y desean también que el Gobierno organice un plan de trabajo que incluya el impulso a actos promovidos por centros vascos, universidaes o asociaciones culturales y fundaciones para conmemorar la efemérides. Piden también que se recupe, para su difusión, toda la documentación textual, gráfica o sonora existente sobre la diáspora vasca provocada por el levantamiento franquista. Los grupos proponentes cifran en 200.000 las personas que se exiliaron como unico modo de "conservar la vida y la libertad" ante el franquismo, al que acusan de haber llegado, "en el caso de las nacionalidades, como la vasca, a prácticas genocidas". Indemnizaciones a presos Por otra parte, el portavoz de IU, Javier Madrazo, pidió ayer al consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, "decisión política" para emitir un decreto, como hicieron Navarra, Asturias y Madrid, que posibilite a todos los presos políticos de la época franquista el cobro de una indemnización. Ésta se halla limitada en la ley de Presupuestos del Estado de 1990 a quienes tenían en esa fecha 65 años y cumplieron al menos tres de prisión. El Parlamento vasco dio al Gobierno el 12 de febrero pasado un plazo de dos meses para enviar a la Cámara un estudio sobre el colectivo de personas excluidas de las indemnizaciones. Madrazo reprochó a Intxaurraga haber incumplido ese mandato y el consejero se exculpó en una comunicación del Ministerio de Trabajo que le informa de la imposibilidad de facilitar toda la información requerida.