El peor ejemplo

Las autoridades portuguesas y francesas han reaccionado con una hostilidad extrema al anuncio de dos grandes operaciones financieras realizadas por el Banco Santander Central Hispano (BSCH) con entidades financieras de ambos países: el intercambio accionarial amistoso del 40% del grupo financiero luso Champalimaud por el 1,6% del BSCH y la entrada del banco español en la Société Générale francesa. La reacción lusa ha sido tan aparatosa que han convocado, so pretexto de evitar "que la economía portuguesa sea simplemente tragada por una economía mayor", nada menos que a a la Comisión del Mercado de Valores, al Banco de Portugal, al Instituto de Seguros, a la Inspección de Finanzas y a la Fiscalía General de la República para que emitan un dictamen que ayudará al ministro de Finanzas, António Sousa, a decidir sobre la misma. Los reguladores portugueses tienen no sólo el derecho, sino la obligación, de verificar que la operación cumple la legalidad. Tienen también que exigir la máxima transparencia en los términos del acuerdo en beneficio de todos los accionistas. Pero de las declaraciones públicas del ministro de Finanzas luso; del secretario de Finanzas, Fernando Teixeira, y de la más discreta del ministro francés, Dominique Strauss-Kahn, no se desprende una preocupación por la legalidad, por la competencia o por la transparencia, sino una cierta obsesión por acordonar sus mercados financieros nacionales con un proteccionismo en nombre de la dignidad del Estado. Teixeira se ha permitido el lujo de sugerir a Champalimaud cuáles deberían ser las alianzas correctas -con Caixa Geral-, más congruentes con el interés nacional. Hay, pues, razones para sospechar que el Gobierno portugués va a utilizar los medios legales y políticos a su alcance no para beneficiar a los accionistas, sino para mantener cerrado su coto financiero.

Si esto fuera así, habría que denunciar la actitud lusa -y francesa- como abiertamente contraria al libre mercado que fundamenta la unión monetaria europea. Que el Estado portugués proteja "al sistema financiero nacional de las operaciones de compra por parte de grupos españoles", como pretende el grupo de presión de los grandes bancos lusos, vulnera groseramente la directiva bancaria europea, que permite la libertad de prestación de servicios y de instalación.

Dice António Guterres que Portugal "no es una república bananera". Pero en este asunto se está comportando como tal. Se excita un antiespañolismo jurásico entre los ciudadanos y se defienden los modelos más rancios de banca por "interés nacional". Lo peor del caso es que ha revelado que el primer ministro de Portugal y su ministro de Finanzas no creen en el libre mercado financiero en el área del euro. Es más nocivo el mal ejemplo político y el retroceso en la creación de una conciencia europea unida que los perjuicios que se puedan causar a los accionistas del BSCH y de Champalimaud.