Barrionuevo desconoce si Sancristóbal paralizó las pesquisas del "caso Brouard"

El ministro del Interior durante la primera etapa socialista, José Barrionuevo, aseguró ayer desconocer si su entonces subordinado y director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, ordenó parar las pesquisas del asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard, tal y como mantiene el juez del caso en los sucesivos autos de prisión. Barrionuevo dijo que "la orden de paralizar la investigación no se puede dar porque es ilegal" y que, de saberlo, "lo hubiera corregido". Negó haberse quejado al ministro de Justicia porque el fiscal Valerio estuviese investigando a los aparatos del Estado por este crimen.

José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL, pisó ayer por primera vez desde que se inició la instrucción del caso Brouard el despacho del juez. Lo hizo en calidad de testigo. A lo largo de su declaración dejó claro que su participación en este hecho fue sólo para impulsar las investigaciones y para dotar de protección policial al fiscal Emilio Valerio ante las amenazas que tenía. Y que el atentado del doctor Brouard le pareció siempre "especial" por la condición de dirigente político vasco del asesinado y que, además, "podía agravar la situación que había en ese momento" en Euskadi. Barrionuevo comentó que nunca llevó la investigación del caso "y menos a través de llamadas al señor Rosino", primer comisario encargado del caso, encarcelado por encubrimiento en esta causa. Aseguró que su atención en el caso fue "decayendo" porque en esos años, 1984 y 1985, los asesinatos tanto de los GAL como de ETA se superponían en el tiempo y surgían otros temas. El exministro aseguró que nunca ha visto documentación del Cesid (los servicios secretos) sobre el asesinato de Brouard, aunque reconoció que en las reuniones semanales que mantenía con su equipo de Interior había un miembro del espionaje militar. El ex ministro del Interior volvió a negar que en esas fechas hubiese trasladado al entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma, su "preocupación y malestar" por las investigaciones de Valerio tendentes a comprobar la implicación de aparatos policiales o de Seguridad del Estado en el crimen. Esta noticia fue publicada en este diario el 15 de mayo de 1985 en el curso de una demanda interpuesta por Barrionuevo contra EL PAÍS por difamación por una noticia del 11 de enero cuyo titular decía: "Las instrucciones de Barrionuevo al fiscal general del Estado desencadenaron el relevo de Emilio Valerio".

Posteriormente, el entonces subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, transmitió este mensaje al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, y al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido, quienes se lo hicieron saber al fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández. Inmediatamente fue apartado del caso el fiscal Valerio. Barrionuevo, que en su día perdió la demanda contra este periódico, negó de nuevo la existencia de tal conversación con Fernando Ledesma, pese a que el exministro de Justicia lo tenga admitido en sede judicial. El abogado de la acusación particular, Txema Montero, pedirá que se aporten al sumario estas declaraciones de Ledesma. Y negó también unas declaraciones que se le atribuyen realizadas al conocer el asesinato de Brouard al diputado Pablo Castellanos en las que decía textualmente: "Estos guardias se han pasado".

Barrionuevo aseguró que la información de que los GAL habían desmentido estar detrás del asesinato del dirigente independentista la supo "por los medios de comunicación" y que, en cualquier caso, "no dio ninguna orden para que se realizara un desmentido en nombre de los GAL" del atentado. Sin embargo, por la tarde, el entonces responsable del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, Francisco Álvarez, imputado en esta causa y en libertad provisional, aseguró que la orden de ese desmentido -que materialmente realizó el expolicía Michel Domínguez- le llegó directamente de Sancristóbal, aunque éste había "hablado del asunto con Vera y Barrionuevo". La comisión rogatoria para interrogar al mercenario Mohand Talbi tendrá lugar en la segunda semana de julio.