Los agujeros negros de la PAC

El llamado escándalo del lino constituye uno de los agujeros negros de una política agrícola común (PAC) a la deriva, víctima de sus numerosas contradicciones, inconsistencias y fugas presupuestarias. Hasta la fecha ningún cultivo había merecido tanta atención en los medios de comunicación, ni había provocado tal revuelo político, incluida la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, como el lino textil. Pero mas allá del tratamiento periodístico y político, lo que interesa en este artículo es analizar con rigor las causas del problema y las posibles soluciones, cuestión de enorme trascendencia ya que el lino (10.000 millones de pesetas anuales de ayudas) no es más que la punta del iceberg (800.000 millones de pesetas anuales de ayudas directas de la PAC).

El problema de fondo es apoyar al agricultor y al medio rural europeo mediante ayudas vinculadas a determinados productos agrarios. En efecto, este tipo de ayudas modifica la estructura de incentivos de los agentes económicos (agricultores), lo que en presencia de otras condiciones, como por ejemplo la inexistencia de mercado para el producto en cuestión, puede provocar efectos perversos, como ha sucedido con el lino. La ayuda al lino textil es tan elevada (120.000 pesetas por hectárea) que su cultivo en nuestros secanos extensivos es muy rentable aunque la producción por hectárea sea muy pequeña y la paja de lino no se transforme en fibra, ya que dicha fibra no tiene mercado o recibe precios muy bajos por su escasa calidad.

Pero ¿cómo es posible conceder una ayuda al lino tan elevada que ha convertido a este cultivo en uno de los más rentables de nuestros secanos, independientemente de que el lino se cultive en zonas de alta o baja productividad y, lo que es más increíble, independientemente de que la producción finalmente obtenida se venda o no? La respuesta está en el hecho de que la ayuda al lino textil se fija por hectárea cultivada, en lugar de fijarla por kilo de producto entregado, o al menos modularla en función del rendimiento de referencia de cada zona, como sucede en los cereales y oleaginosas.

Además, en el caso del lino la superficie que puede percibir la ayuda no está limitada a nivel individual, regional o nacional, mientras que la superficie o cantidad de producto susceptible de beneficiarse de la ayuda de la PAC en otros cultivos, sí está limitada a uno o varios de los niveles mencionados.

Una vez aclarado que la raíz del problema reside en un fallo del sistema, es decir en un sistema de ayudas mal planteado, ¿cuál es la razón por la que la Administración no ha detectado las irregularidades o si las ha detectado ha mirado para otro lado? La razón hay que buscarla en la estrategia seguida por los gobiernos nacionales consistente en maximizar las ayudas procedentes de Bruselas. Esta dinámica, entendible desde una visión electoralista y de corto plazo, es realmente peligrosa ya que puede matar la gallina de los huevos de oro.

En efecto, el hacer la vista gorda ante determinadas irregularidades, como ha sucedido en el lino textil y puede estar sucediendo en otros cultivos, permite engrosar la cifra total de ayudas procedentes de Bruselas que recibe el sector agrario español, pero puede generar tal desprestigio y pérdida de legitimidad de la PAC ante el contribuyente europeo, que acabe con las generosas ayudas que hoy día perciben los agricultores europeos.

La inexistencia de un límite a la cuantía de ayuda que un agricultor puede cobrar por cultivar lino, ha permitido que unos cuantos espabilados siembren miles de hectáreas de lino y cobren por ello cientos de millones de pesetas, lo cual es, como mínimo, poco presentable, sobre todo si uno de ellos es nada más y nada menos que el Presidente del FEGA (Fondo Español de Garantía Agrícola), organismo por el que pasan todas las ayudas directas de la PAC procedentes de Bruselas. En cualquier caso, el que unos cuantos listos se hayan aprovechado de las ayudas al lino no es suficiente motivo para descalificar a cientos de miles de agricultores profesionales que siguen en el sector gracias a las ayudas directas de la PAC.

La solución a problemas como el de las ayudas al lino pasa por dos cosas. La primera, cambiar el tipo de ayuda y establecer una modulación de la misma en base a distintos criterios, entre los que debería jugar un papel clave la cuantía total de ayudas por explotación. En este sentido, cabe destacar que la Agenda 2000, recientemente aprobada, ha introducido la modulación de las ayudas, pero dejando en manos de los Estados miembros la decisión de aplicarla o no. Esperemos que con todo lo que está lloviendo la Administración española aproveche convenientemente esa posibilidad, ya que además el gasto agrícola ahorrado mediante la modulación (disminución) de las ayudas directas de la PAC, podrá emplearse para financiar ayudas al desarrollo rural. La segunda, gestionar de modo más riguroso e intensificar el control de las ayudas de la PAC mediante la adecuada cooperación entre la Administración Central y la Autonómica.

Sin embargo, el tipo de cambios propuestos no resuelven el problema de fondo. En efecto, es muy probable que después del 2006, o incluso antes según se desarrollen las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, las ayudas directas de la PAC no puedan mantenerse, al menos en su concepción y cuantía actual. Por ello habría que ir pensando en su reconversión gradual hacia otro tipo de ayudas en el marco de un nuevo contrato social en virtud del cual la sociedad apoyaría el mantenimiento de la actividad agraria no sólo en razón de su función de producción de alimentos sino también de su función de conservación del medio ambiente, del territorio y del paisaje rural. Todo este conjunto de ayudas estaría integrado en el Reglamento de ayudas al desarrollo rural recientemente aprobado en la Agenda 2000 aunque con escasa dotación presupuestaria.