El reparto no llega a las corporaciones locales

El reparto del gasto público entre los distintos niveles de Gobierno -Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales- ha registrado una gran transformación en los últimos 20 años. Durante este periodo, el Gobierno ha ido perdiendo peso de una forma paulatina. En 1979, gestionaba el 88% de todo el gasto público, mientras que en 1996 este porcentaje se había reducido al 65,5%. Pero este proceso de descentralización se ha registrado sólo en una dirección, en el de las comunidades autónomas creadas por la Constitución de 1978, y que ha permitido que administren el 22% de todo el gasto público español.

Sin embargo, todo este proceso de descentralización ha sido irrelevante para los ayuntamientos, cuya participación en el gasto total continúa estancada, al igual que hace veinte años, en el 11,9%, según el estudio elaborado por la profesora Nuria Bosch para la Diputación de Barcelona. El mismo trabajo pone de relieve el escaso peso de las haciendas locales españolas, tanto si se les compara con los países de estructura federal como con los países unitarios. Tan solo en Australia -con el 5,8% del gasto para los municipios- y Portugal (8,6%) los ayuntamientos tienen un peso inferior.

Con el objetivo de incrementar la dotación financiera de los ayuntamientos y con el propósito de acercar la administración a los ciudadanos se han realizado distintas proyecciones al efecto de ceder nuevas competencias a las corporaciones locales. Se trata básicamente de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, las políticas de vivienda y las dedicadas al fomento de la ocupación.

Sin tener en cuenta el gasto de las pensiones de la Seguridad Social ni el de las clases pasivas, el peso del gasto municipal se elevaría así al 23% de todo el gasto público.