Los municipios quieren mayor gasto público para realizar más servicios

A diferencia de las comunidades autónomas, cuya puesta en marcha ha implicado una notable expansión del gasto público, la gestión de los municipios durante los últimos años se ha caracterizado por una fuerte dosis de austeridad. Un ejemplo significativo del saneamiento que han experimentado las haciendas locales ha sido la contención de su deuda. Así, mientras las autonomías incrementaron su deuda en más de un 50% en los últimos cuatro años, los municipios la han mantenido a raya, sin registrar nuevos incrementos. En algunos casos, como en el Ayuntamiento de Barcelona, no sólo se ha congelado el volumen de deuda sino que se ha reducido. La deuda a largo plazo de Barcelona descendió de 171.000 pesetas por habitante en 1993 a 159.000 en 1997, según un estudio de la profesora Nuria Bosch. Esta mejora ha sido reconocida por las agencias internacionales de rating Moddy´s y Standard & Poor´s que han elevado en varias ocasiones la calificación de Barcelona.

Este esfuerzo en la reducción del endeudamiento no ha impedido que Barcelona sea la ciudad que más recursos destina a nuevas inversiones. En 1997 destinó un total de 26.771 pesetas por habitante a nuevas inversiones frente a una media de 16.282 pesetas de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao).

Para Ernest Maragall, teniente de alcalde del Ayuntamiento, el secreto de esta mayor tasa de inversión de Barcelona es debida a "la importante participación del sector privado en muchos proyectos y a una creciente captación de fondos europeos".

Pero además, los ciudadanos barceloneses son también los que contribuyen de forma más costosa a la financiación de su ayuntamiento. En 1997, cada barcelonés pagó a su municipio 81.700 pesetas, mientras que la media de las otras seis grandes ciudades fue de 51.000 pesetas.

Mayores ingresos

La mejora de las cuentas públicas ha sido la nota dominante de las siete grandes ciudades españolas. Pedro Bujidos, teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, explica que buena parte de esta mejora es consecuencia de la recuperación general de la economía. "Milagros no hacemos", afirma. "La reducción de los tipos de interés ha rebajado el coste de la deuda y la mayor actividad económica ha permitido un aumento de los ingresos fiscales, especialmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre la Circulación de Vehículos. Bujidos advierte que en el caso de Madrid "el aumento de los ingresos no ha implicado un aumento de la presión fiscal", aunque otros análisis no coinciden con esta apreciación. Desde el punto de vista de la inversión, Valencia es la ciudad que ha realizado un mayor esfuerzo al pasar de 12.171 pesetas por habitante en 1993 a 21.492 en 1997. Seguramente esta es la razón que explica que el ayuntamiento de esta ciudad sea el único que mantenía un déficit (5.400 pesetas por habitante), según la liquidación del presupuesto de 1997. Las demás grandes ciudades cerraron el ejercicio con un superávit medio de 7.000 pesetas por habitante.

Entre estas siete poblaciones también hay claras diferencias en cuanto al volumen de recursos. Así, Bilbao contaba con 178.000 pesetas por habitante en 1997, prácticamente el doble que Sevilla, que sólo disponía de 86.000 pesetas por cada ciudadano aquel mismo año.

El gran cambio en el saneamiento de las cuentas municipales se produjo tras la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 1988. Joan Rangel, vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios, considera que la citada ley ha consolidado tres tributos importantes para los municipios (IBI, IAE y el Impuesto de Circulación de Vehículos), lo cual ha asegurado una constante corriente de ingresos.

Para Rangel, la nueva ley ha tenido otros efectos más relevantes aún, como los derivados de la introducción de la contabilidad financiera en las cuentas municipales. La aplicación de nuevos criterios contables ha significado un cambio trascendental en la gestión municipal, la cual a partir de este momento ha seguido los mismos criterios que el resto de administraciones y las empresas del sector privado.

Pacto local

El saneamiento de las haciendas municipales tras la mejora de sus ingresos, gestión y administración ha ido forjando una corriente de opinión cada vez más amplia que plantea fundamentalmente la asunción de nuevas competencias por parte de los municipios, lo cual implicará una mayor participación de estas administraciones en el gasto público estatal. Es lo que se ha llamado el pacto local, cuya realidad tiene una interpretación distinta según se contemple desde la óptica del Gobierno o de la oposición. La cesión a los ayuntamientos de nuevas competencias -educación primaria, vivienda y políticas de empleo-, la mayor parte en manos de las comunidades autónomas, conduce al enfrentamiento entre estas jóvenes administraciones, que todavía viven muy marcadas por la dinámica de su propia constitución a base de recuperar terreno al Gobierno central.

Las comunidades sostienen que la cesión de algunas competencias, como las de educación, son poco viables dada la escasa población de la mayoría de los 8.000 municipios. Para Rangel, esta deficiencia se puede corregir con la participación de las diputaciones, que en su opinión deben jugar un papel fundamental como complemento de los municipios.