Un decreto permitirá conocer los dueños de los clubes y las cifras de los traspasos

El Gobierno considera que el fútbol es un sector estratégico y que cualquier aficionado tiene derecho a saber quiénes son los dueños de los clubes. Para ello ha preparado un nuevo real decreto sobre sociedades anónimas deportivas que pretende entre en vigor el próximo verano. Según el texto del borrador, cada club debe dar cuenta de sus movimientos económicos, y entre ellos, de la cuantía exacta de los fichajes. La Liga Profesional no parece muy satisfecha con el decreto y discutirá hoy durante la comisión ejecutiva su postura oficial, si bien parece que su oposición ha disminuido.

, El Gobierno considera que, a cambio de haber liberalizado el sector de los clubes profesionales, debe asegurar que exista transparencia en ese mercado. Y esa transparencia significa, según la redacción del texto, que no existan dudas sobre el cumplimiento de la ley en lo que afecta a la identidad de los propietarios de los clubes y que la contabilidad refleje con exactitud aspectos sustanciales como las cifras reales de los traspasos de jugadores o sus contratos de imagen. Pero lo que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), entiende como transparencia ha sido contestado por la Liga Profesional como una intromisión en la vida económica de los clubes y como un recorte de las competencia de la Liga. En un texto de alegaciones, la Liga llega a expresiones como la siguiente: "Sólo el propósito de incautación de la actividad deportiva profesional puede haber inducido al redactor del borrador a semejante cajón de sastre que repugna a la inteligencia". La reacción inicial de la Liga parecía augurar una virulenta batalla contra el CSD. Los clubes entienden que el decreto huele a intervencionismo por parte del Estado. "Se produce una auténtica incautación de los clubes de fútbol", llegó a afirmar un representante de la Liga Profesional. Algunos clubes han intentado crear un clima hostil a esta reforma bajo la amenaza de un plante de la Liga Profesional. Todo hace indicar, sin embargo, que el clima de tensión ha disminuido en las últimas fechas y que el real decreto entrará en vigor en en agosto con ligeros retoques. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ya avisó hace un año de su intención de poner freno a la oscuridad con que se propagaban ciertos movimientos accionariales en los clubes de fútbol, al tiempo que parecía llegado el momento de liberalizar el sector permitiendo la salida de los clubes al mercado bursátil.

Cambios en la propiedad

Por aquella época, se divulgaron algunas informaciones sobre importantes cambios en la propiedad de ciertos clubes de fútbol a través de empresas intermediarias, cambios que impedían conocer quién era en realidad el propietario de dichos equipos. Surgió, entonces, la duda de si una misma persona podía dominar más de un club de la misma categoría, hecho que era contrario a la ley. Por entonces, la ley dictaba que una misma persona no podía tener más del 1% en el capital de más de un club -este porcentaje se ha fijado ahora en el 5%-. Se sospechó que el empresario Antonio Asensio estaba detrás de clubes como el Málaga, Badajoz, Ourense, Sporting, Hércules, Sevilla y Mallorca, pero la Liga Profesional reconoció que no tenía medios para hacer la oportuna comprobación. Apenas un mes después de que la Liga afirmase que Asensio no tenía vinculación alguna con el Mallorca, Antonio Asensio aparecía públicamente como dueño del club, tras destituir el Consejo de Administración a su anterior presidente, el médico Bartolomé Beltrán. Asimismo, Asensio asumió el protagonismo en las negociaciones para que Héctor Cúper continuara entrenando al equipo. El caso más espectacular de confusión sobre la propiedad de la mayoría de las acciones lo ha vivido en los últimos años el Sevilla, club que todavía soporta varios procesos judiciales para determinar quién tiene los derechos sobre determinados paquetes de acciones. "Es cierto que la legislación anterior facultaba a la Liga Profesional para controlar estos casos, pero es cierto también que no disponía de capacidad para averiguar qué es lo que estaba pasando. Por eso se hacía necesario endurecer la ley en ese sentido", manifestó un portavoz del CSD. El real decreto sobre sociedades anónimas trata de aclarar todo este embrollo y obliga a que se comuniquen al CSD todas las operaciones que supongan cambios significativos en el accionariado. La ley entiende como cambio significativo todo aquel movimiento que afecte al 5% del capital. Además, el CSD quiere ir más allá y pretende conocer quiénes son los titulares de una sociedad si efectúa una compra de acciones o a quiénes representan los poseedores de algunas acciones si es un usufructuario o acreedor pignoraticio. Además, debe conocer si hay acuerdos de derechos de voto o de cualquier otro tipo que afecten a un grupo de accionistas. Si no se produce esta comunicación, tales transmisiones pueden ser consideradas nulas de pleno derecho. Por otra parte, todo movimiento de capital que afecte a un 25% de las acciones de un club debe contar con una autorización del CSD. Para todos aquellos movimientos que se celebren en Bolsa se entiende que basta con informar, como marca la ley, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Entendemos que el aficionado, o el apostante en el caso de las quinielas, debe estar seguro de que no hay dudas sobre la limpieza de la competición. Si el apostante entiende que varios clubes son propiedad de un mismo señor, puede interpretar que eso afectaría a ciertos resultados. Si el apostante tiene dudas sobre la limpieza de una competición será el fin de las quinielas", manifestó dicho portavoz.

Cuentas claras

Sin embargo, no es éste el capítulo que ha despertado ampollas entre los clubes, que se han mostrado mucho más sensibles ante la nueva obligación de dar cuenta anualmente de sus movimientos económicos, sobre todo en materia de fichajes de jugadores o en lo referente a sus contratos de imagen. El decreto especifica que debe informarse de los derechos de adquisición de jugadores así como de sus derechos de imagen e, incluso, permite al CSD, bien de oficio bien a propuesta de la Liga Profesional, el derecho a exigir una auditoría complementaria de las cuentas del club. La Liga entiende en sus alegaciones que el decreto impone "un seguimiento férreo y engorroso de las actividades de los clubes, que han de estar elaborando complejos informes para la Administración con mayor frecuencia que otras actividades mercantiles". El texto prosigue que, según el decreto, "han de informar de absolutamente todo. Y si su contenido resulta excesivo, puede incrementarlo a discreción el Ministro de Economía". Esta agresividad en la respuesta al decreto parece haberse rebajado en las últimas fechas, tras los contactos entre los clubes y el CSD.