Unos 300 profesores exigen mejoras urgentes en educación secundaria

Alrededor de 300 profesores votaron ayer por unanimidad, en una asamblea celebrada en el Instituto de Enseñanza Secundaria Menéndez Pelayo de Barcelona, exigir a la Generalitat mejoras urgentes para la enseñanza pública. La novedad del acto era que la reivindicación se desvinculaba por completo de los sindicatos de docentes, a los que incluso se acusó de pactar con Enseñanza medidas contrarias al profesorado, como el recorte de plantillas.

Las principales reivindicaciones aprobadas fueron mantener el COU -que es el último año que se imparte, como consecuencia de la reforma escolar- para los repetidores, adecuar los bachilleratos a las demandas de los alumnos y mantener las grupos de ESO, aunque sea necesario reducir el número de alumnos por aula. Las tres demandas persiguen un solo objetivo: evitar que cientos de profesores tengan que marchar a otros centros -400, según Enseñanza- y mejorar la calidad de la enseñanza pública. Otras propuestas fueron acabar con la "absoluta indefensión de los docentes" y que no se autoricen centros privados allí donde existan públicos. La idea más aplaudida fue la de repartir a los alumnos con necesidades educativas especiales entre todos los centros que reciben fondos públicos, en referencia a los privados concertados. La asamblea de docentes, que abarrotaban la sala de actos del instituto, también pidió que se reduzca en secundaria el número de alumnos por aula hasta donde haga falta. Incluso se habló de tener 20 alumnos por aula donde la demanda no sea suficiente. La semana pasada la comunidad educativa pidió que la Generalitat aceptara reducir la ratio hasta 25 alumnos por aula. El consejero de Enseñanza, Xavier Hernández, dijo que las ratios eran las correctas. El mapa escolar elaborado por su departamento habla de un máximo de 30 alumnos por aula en secundaria. Los profesores también decidieron que un grupo de docentes, en representación de 100 institutos catalanes, se encerraran toda la noche en el centro Menéndez Pelayo, como señal de protesta por la política educativa de la Generalitat. Después del acto se cortó la Via Augusta, delante de la sede del Departamento de Enseñanza. La Generalitat asegura que los profesores desplazados no pierden su puesto de trabajo y que se garantiza a los de Barcelona una plaza en la misma ciudad.