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OPINIÓN

Diálogo con ETA

Las insinuaciones de las últimas semanas han desembocado en la confirmación por parte de Aznar de que ya ha habido un encuentro directo entre representantes del Gobierno y dirigentes de ETA. La noticia importante fue el anuncio, en noviembre, de que el presidente "autorizaba" tales encuentros, por lo que fingir ahora sorpresa sería hipócrita. Pero aquel anuncio fue acompañado de un solemne compromiso de transparencia: no habría más exploraciones subterráneas o encuentros secretos, se dijo, con clara intención de desmarcarse respecto al pasado. Ahora nos enteramos de un contacto directo producido hace más de dos semanas como culminación de otros intercambios epistolares. La reserva puede ser razonable, especialmente en estos tanteos iniciales, pero la palabra de un presidente del Gobierno debería valer más. Aunque lo importante sea el contenido de lo tratado, no deja de ser un mal comienzo que el compromiso de transparencia se considere caducado sin previo aviso. Especialmente cuando luego se hace emerger la noticia del encuentro con un fuerte olor electoralista: a seis días de una triple cita con las urnas y en el entorno de reiteradas declaraciones de Arenas y del propio Aznar atribuyéndose el mérito de que ya no haya atentados. ¿Quiere esto decir que era suya la culpa cuando los había? Todo esto no puede dejar de ofender la memoria de tantos ciudadanos que han resistido a ETA durante años sin pretender pasar factura por ello. La borrachera de autosatisfacción que afecta a los dirigentes del PP no justifica actitudes tan frívolas en un tema muy serio y que a todos afecta. Dicho esto, los siete meses transcurridos entre la autorización -¿quién elegiría la palabra?- de Aznar y la confirmación del primer contacto directo sugiere que el Gobierno ha esperado a que se produjera la extinción casi total de la llamada kale borroka antes de tomar la iniciativa. La desaparición de esa práctica de intimidación ha confirmado la voluntad de ETA de eliminar ese obstáculo, pero también que algo tenía que ver con su desarrollo. Por lo que se ha ido sabiendo, otro asunto despejado antes de dar este paso ha sido el rechazo a la presencia de intermediarios o de observadores internacionales, según pretendía ETA. Pero el contacto de mayo sugiere también que la organización terrorista ha superado sus dudas sobre el papel del diálogo con el Gobiernio en su esquema negociador. En los primeros comunicados tras el alto el fuego sus mensajes se dirigían a las formaciones nacionalistas, de cuya actitud hacían depender la continuidad de la tregua. Al Gobierno no se le planteaba ninguna exigencia en concreto, ni siquiera en relación a los presos. Da la impresión de que ETA admite ahora la necesidad de hablar con quien tiene la llave de las cárceles. ¿Hablar de qué? Según el esquema de la llamada Alternativa Democrática, matizada en Lizarra, del compromiso del Gobierno de respetar el llamado "ámbito vasco de decisión". Es decir, del reconocimiento de que Euskal Herria es una nación con derecho a la independencia, y que lo que decidan sus representantes ha de ser convalidado por el Gobierno español (y francés). Se trata del programa básico de ETA, al menos de aquel en nombre del cual ha venido justificando sus crímenes en los últimos años. Hay cierta ambigüedad sobre si esa eventual negociación de un nuevo marco político corresponde a ETA o, como se sugiere en la declaración de Lizarra y sostienen los nacionalistas no violentos, a un foro de partidos vascos. Seguramente tampoco ETA lo tiene claro, según se desprende de sus últimos documentos internos y entrevistas. El Gobierno, por su parte, sostiene que lo único de lo que se puede hablar con ETA es de los presos, y se remite al punto 10 del Pacto de Ajuria Enea para rechazar la posibilidad de una negociación política. Ese punto establece que las cuestiones políticas "deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular". Desde luego, no es lógico suponer que un Gobierno legitimado por las urnas vaya a aceptar sin más el programa de ETA. Pero, para que sus dirigentes lo comprendan, lo principal no serán los argumentos puestos sobre la mesa, sino lo que ocurra en la sociedad. Ya ha ocurrido, por ejemplo, que el brazo político de ETA acepte de hecho, aunque de una forma muy barroca, participar en las instituciones que se proponía destruir. Y pese a las amenazas implícitas de regresar si no se admiten sus planteamientos, no podrán dejar de reconocer que aproximadamente la mitad de los vascos siguen sin considerarse nacionalistas, y que un porcentaje de quienes sí lo son prefiere la autonomía a la independencia. Una vez fuera de la espiral de la violencia, no podrán dejar de tener en cuenta la distancia entre su alucinación y la realidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de junio de 1999