El 'caso Monetta' salpica al presidente del Banco Central de Argentina

El escándalo que rodea al empresario y banquero Raúl Monetta, socio de Telefónica, presidente hasta fecha reciente de uno de los consorcios más poderosos de Argentina y prófugo de la justicia desde el miércoles pasado, ha empezado a salpicar al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, quien el jueves declaró: "Monetta es un banquero más que hizo un buen trabajo". Un diputado acusa a Pou de haber permitido las irregularidades del empresario, y el juez tiene documentos que le comprometen.

El diputado Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata de Mendoza, que presentó la demanda judicial contra Raúl Monetta, acusó ayer al presidente del banco central, Pedro Pou, de permitir y facilitar desde su cargo las diversas irregularidades bancarias del polémico empresario. Según el parlamentario mendocino, Pou conocía perfectamente las dificultades que atravesaba el Banco República, de Monetta, pese a lo cual autorizó el pasado 11 de marzo su fusión con el Banco Mendoza.La actuación del banco central incluyó la concesión de préstamos millonarios pocos días antes de la quiebra de Banco Mendoza, a pesar de las extrañas operaciones que afectaban la liquidez y solvencia del mismo. En concreto, el 5 de abril, dos días antes de la intervención de la máxima autoridad bancaria, "Pou dio un préstamo de 83 millones de dólares [13.300 millones de pesetas] al Banco República", según explicó el diputado Gutiérrez.

El juez federal Luis Leiva, que ordenó la detención y procesamiento de Monetta y otros nueve directivos del Banco Mendoza, tiene en su poder importante documentación que compromete al presidente del banco central, según publicó ayer el diario Página 12.

Los 10 ejecutivos integraban la cúpula de la entidad financiera Banco Mendoza, que fue suspendida el pasado 11 de abril por el banco central, antes de que fuera absorbido por un grupo de nueve entidades de crédito. Los cargos que pesan contra los acusados son subversión económica, asociación ilícita y violaciones de la Ley Penal Tributaria.

Con sus actuaciones, el juez Leiva ha conquistado gran prestigio en la provincia de Mendoza, donde procesó a los últimos presidentes del directorio del Banco Mendoza por vaciamiento de patrimonio de un banco estatal. Unos 20 funcionarios de la misma entidad fueron encarcelados por orden de este juez antes de la privatización.

La orden de detención de Monetta ha sacudido a los círculos del poder político y económico en Buenos Aires. El hoy fugitivo de la justicia tiene unas estrechas relaciones con el presidente de Argentina, Carlos Menem, de cuya reelección (prohibida por la Constitución) ha sido uno de los principales abanderados. La española Telefónica y los estadounidenses Citicorp y Hicks, Muse, Tate & Furst (fondo de inversión), socios de Monetta en el consorcio multimedia Citicorp Equity Investment (CEI), observan expectantes y con algo más que inquietud los avatares judiciales del empresario.

Monetta dejó el pasado mes de abril la presidencia de CEI, que pasó a manos del inversionista tejano Thomas Hicks. El pacto que había sellado un año atrás saltó por los aires y Monetta quedó relegado a director, a pesar de ser el primer accionista de la compañía, con un 40%. La quiebra de sus dos bancos pesó demasiado. Como contrapartida, la semana pasada Monetta fue designado presidente de un nuevo consorcio, Argentine Media Investments (AMI), que mueve activos valorados en 2.000 millones de dólares (322.000 millones de pesetas) y que está participado en un 61% por el fondo de Hicks y en un 39% por el grupo República, del propio Monetta.

La parte gerencial del nuevo consorcio estará en manos del CEI, que tiene una fuerte participación en Telefónica de Argentina y en canales de televisión, cable, emisoras de radio y empresas de otros sectores en todo el país. Monetta ha designado como abogado defensor a Jorge Garguir, ex juez federal durante la dictadura y socio del bufete del procurador general de la nación, Nicolás Becerra.

La acusación teme que el abogado Garguir utilice a fondo sus buenas conexiones para lograr que la causa pase a los tribunales federales en Buenos Aires, en concreto a manos del juez Gustavo Literas, muy ligado al ministro del Interior, Carlos Corach, que podría frenar el ritmo del proceso de instrucción.