El Gobierno aspira a un sistema de participación singular en la UE

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y los altos cargos de Acción Exterior volvieron a poner ayer sobre la mesa un debate recurrente: la participación directa de Euskadi en todas las instituciones europeas, incluidas las reuniones del Consejo de Ministros, siempre que traten materias que afecten a competencias de la comunidad autónoma. Así, matizaron el informe elaborado por el propio Ejecutivo autónomo sobre cómo articular la participación de las regiones en la UE que el martes trató en Madrid el pleno de la conferencia sectorial para asuntos europeos y en el que asumía que otras comunidades pudieran representarle en la delegación española (ver EL PAÍS de ayer). Integran este foro todas las comunidades y representantes del Gobierno central. Ese documento, elaborado por Euskadi por mandato del resto de las comunidades, es "una propuesta de mínimos", según el secretario de Acción Exterior, Andoni Ortuzar, y el director de Asuntos Europeos, Juan Diego. "El Gobierno redactó el documento con el ánimo de lograr un consenso con el resto de comunidades, pero se trata de un documento de mínimos que tiene el valor de lograr una posición común", indicó Diego. El texto ha logrado el reconocimiento del resto de los gobiernos autonómicos. En su informe, el Gobierno vasco recoge la posibilidad de que un representante de las administraciones regionales forme parte de la delegación del Estado en los órganos en los que se deliberen cuestiones relacionadas con las competencias exclusivas de las comunidades. "Sistema integral" Ortuzar puntualizó que "el Gobierno vasco aspira a un sistema integral de participación de Euskadi ante la UE, con fórmulas similares a las de los länder alemanes". "Puede haber puntos de consenso con el resto de autonomías, aunque eso no es óbice para que Euskadi mantenga intactas sus aspiraciones de lograr una presentación con voz propia ante al UE", añadió. Zenarruzabeitia también reclamó la participación directa del País Vasco. "Es algo legítimo, necesario y de justicia. Es una asignatura pendiente del Estado español que hay que solventar", enfatizó. Aunque el borrador final elaborado por el Gobierno vasco ha contado con la aprobación de todas las comunidades, el camino hasta ese consenso no ha sido fácil. En febrero, entregó el borrador a las regiones en un contacto celebrado en Santander y la reunión terminó con un clima enrarecido. "Algunas comunidades parecían interesadas en abortar cualquier intento de acuerdo; incluso Castilla y León propuso que la nueva redacción de la propuesta se encomendase a otra comunidad diferente al País Vasco", comentó el representante de un gobierno regional presente en el contacto. Ante estas actitudes, Euskadi advirtió sobre la posibilidad de utilizar otros cauces para conseguir sus propósitos.