La defensa de Hachuel busca confundir la versión de los peritos en Carburos

Los peritos judiciales Juan Román y Juan Carlos Monje, inspectores del Banco de España, reiteraron ayer, ante las preguntas de la defensa de Jacques Hachuel, que la operación de warrants sobre acciones de Carburos Metálicos en 1989 y la venta de una opción sobre el 5,9% de Carburos a Air Products en 1990 fueron dos operaciones independientes y que mientras el financiero Hachuel actuó en la primera estuvo ausente en la segunda.

El profesor Luis Rodríguez Ramos dedicó una gran parte del interrogatorio a la operación de warrants (derechos sobre acciones representativas del 18% del capital de Carburos Metálicos) lanzada en 1989. El letrado planteó que la tenencia de los warrants por parte de la sociedad Euris (participada por Jacques Hachuel) condicionaba la posibilidad de que Banesto y Air Products llegasen, tal como ocurrió en abril de 1990, a un pacto, por lo que era obligado, como paso previo, lograr que Hachuel renunciara a esos warrants a cambio de una compensación.Juan Román explicó paso a paso la operación. En primer término, recordó que la emisión de warrants fue un proyecto común entre Banesto y Hachuel. "Los warrants siempre estuvieron a disposición de Banesto, según consta en las actas del consejo de administración de Carburos Metálicos. Por eso se puede hablar de una operación fiduciaria o de aparcamiento", señaló. Pero, además, subrayó que los warrants eran un derecho para adquirir acciones. "Euris al suscribir los warrants tenía ciertamente alguna posición política en Carburos, pero no era titular del 18% de las acciones. Los principales accionistas seguían siendo Banesto y Air Products", dijo. "Pero, en todo caso, Banesto y Euris-Hachuel iban juntos, su objetivo era quizá vender finalmente la sociedad a Air Products por un precio elevado". Rodríguez Ramos insistió en el papel de Hachuel en la negociaciaón entre Banesto y Air Products. "Nosotros no vemos la participación de Hachuel en la venta de las opciones de abril de 1990. Antes, en la emisión de los warrants de 1989, sí. Pero son dos cosas distintas", contestó el perito. Según añadió, esto se desprende de los documentos aportados en la causa y de las declaraciones de los ejecutivos de Air Products.

El letrado preguntó si Hachuel no tenía derecho a que se le recompensara por renunciar a los warrants. Román explicó que en siete meses, Euris y Hachuel ganaron algo más de 1.000 millones de pesetas, ya que compraron los warrants por 2.543 millones de pesetas el 10 de agosto de 1989 y se los revendieron a Cartisa (Banesto) el 9 de marzo de 1990 por 3.651 millones de pesetas. "Fue una fiducia o un aparcamiento, una operación sin riesgo alguno. La propia recompra fue extraña, ya que se hizo una opción y al mismo tiempo el contrato de venta", dijo.

Rodríguez Ramos preguntó, asimismo, a los peritos si sabían que la firma de abogados de Zúrich Homburger Achermann había trabajado para Banesto y Air Products en 1989 y 1990. Los peritos dijeron desconocerlo. El letrado preguntó si no sabían queun abogado de dicha firma, Peter Widmer, había declarado que había proporcionado a Air Products los datos para enviar los 1.344 millones de pesetas a una cuenta bancaria en Suiza. Los peritos se sorprendieron y preguntaron dónde lo había declarado Widmer. El letrado dio marcha atrás. "El señor Hachuel lo ha manifestado aquí...".

Widmer, en efecto, ha sido citado a declarar como testigo en el juicio oral, pero declinó acudir a hacerlo.

Para intentar pillar en alguna contradicción al perito, el letrado pidió que se le enseñase un documento del Banco de España en el que, a mediados de 1994, antes de la querella criminal contra los ex administradores, los inspectores Román y Monje, al informar sobre Carburos Metálicos, daban cuenta de que uno de los nuevos administradores, José María Abril, estaba completando la información sobre los operación warrants y se sugería que Air Products había pagado loos 1.344 millones de pesetas por los warrants de 1989.

Román explicó que en el momento de dejar constancia de esos datos, antes del procedimiento judicial, existía una información limitada y que más tarde se pudo ampliar con documentos y testimonios. Tanto el letrado Rodríguez Ramos como su cliente, Hachuel, por un lado, y Mario Conde en sonrisa aprobatoria dirigida a su letrado, festejaron este hallazgo.

Los peritos continuaron, tras la Operación Carburos, con la Operación Locales Comerciales, presunta estafa de 1.550 millones en la que el único acusado es Fernando Garro. Los peritos ratificaron que las operaciones de compraventa de locales, en 1989 y 1990, habían sido irregulares y supusieron una detracción injustificada del patrimonio de Banesto. La defensa del acusado preguntó si se habían comprobado el historial profesional de Garro en Banesto y si conocían los poderes que había tenido, entre otras cuestiones. Los peritos respondieron que no.

Ayer, Román y Monje comenzaron a declarar sobre las relaciones de Eugenio Martínez Jiménez y el grupo Euman Valyser con Mario Conde y sus sociedades. Román ratificó su informe en el que define a Martínez Jiménez como un testaferro del ex banquero y empezó a ilustrar las relaciones de apoyo crediticio de Conde al grupo Euman Valyser. "Conde suplió la insuficiencias de recursos de Euman Valyser y se convirtió en el financiador subsidiario. De las operaciones del grupo sólo aquéllas realizadas con Banesto dieron beneficios. Las demás, pérdidas".