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Tribuna:

Poner puertas al mar

KOLDO UNCETA Ya no bastan las patrulleras que surcan el estrecho a la caza de pateras para impedir que las gentes que vienen de Africa, intentando cambiar su suerte, consigan llegar a tierra firme sin ahogarse en el mar. No son suficientes los cientos de policías que observan el horizonte buscando señales de nuevas arribadas clandestinas a la costa. Hasta los radares del Ejército se han demostrado inútiles para distinguir una embarcación con treinta o cuarenta emigrantes del oleaje propio del Estrecho, según acaban de confesar en el Ministerio de Interior (por cierto, ¿distinguirán esos radares un misil de una cometa?). El caso es que el Gobierno, ante tanta dificultad para impedir este flujo humano que trata de buscarse el pan jugándose la vida, ha decidido montar un sofisticado dispositivo que han bautizado como Sistema Integral de Vigilancia Exterior. El juguete en cuestión consta de un complicado sistema dotado con cámaras térmicas, radares de larga distancia, visores nocturnos, rayos infrarrojos, helicópteros especialmente dotados, y otros medios que serán dirigidos desde un centro coordinador en Algeciras. Algo así como la guerra de las galaxias pero no para defendernos de los marcianos, sino de los buscadores de empleo que llegan de Africa. El ministro del Interior ha dicho además que el blindaje del Estrecho contra las pateras servirá para estar a la altura de lo que exige la Unión Europea, no sea que vayan a decir que esto es un coladero y nos saquen tarjeta roja. Es posible que este plan, que nos costará más de 25.000 millones de pesetas, sirva para que algunas empresas, especializadas en la fabricación de los artilugios antes citados, puedan aumentar su facturación a costa de las pateras. Seguramente aumentará también la dificultad de que éstas logren acercarse a tierra. Con toda probabilidad, se incrementarán las tarifas de los mafiosos que fletan esas precarias embarcaciones cobrando a los que las ocupan sus ahorros de toda la vida. Y, finalmente, se multiplicará el número de emigrantes ahogados en el mar, lo que dará oportunidad a nuestras autoridades de lamentar que unos desalmados se aprovechen de las pobres gentes prometiéndoles una travesía hacia lo imposible. Es el sino de los tiempos que corren. Unos tiempos caracterizados por la defensa a ultranza del libre mercado como única forma de promover el bienestar y el desarrollo, por la exigencia a unos y otros gobiernos de que liberalicen los flujos económicos para integrarse mejor en la economía mundial. Pero esa exigencia tiene una excepción: el mercado de trabajo. Han de abrirse las fronteras a los productos y los capitales provenientes del exterior, pero la norma deja de ser válida cuando se trata del factor trabajo, de la mano de obra. Los mismos que nos dicen que la política no debe interferir en el funcionamiento económico, en el libre juego del mercado, apelan a la política para justificar la ausencia de libertad en la circulación de la fuerza de trabajo. En este caso, se dice, hay intereses superiores, los que se derivan de la necesaria defensa de lo propio, y de la cohesión étnica y cultural de la nación. A nadie le gusta emigrar forzado por las circunstancias. Dejar atrás el lugar donde se ha nacido y crecido, la propia cultura, la familia y los amigos, es una decisión dura cuando no se toma libremente. Sin embargo, puede resultar inevitable cuando no hay mejores opciones para sobrevivir dignamente. Por eso resulta obsceno e inmoral que los mismos gobiernos que imponen a los países africanos severas políticas de ajuste, y les obligan a abandonar sus proyectos de desarrollo nacional para abrirse sin condiciones a los mercados mundiales, sean los que luego levantan un vergonzoso muro para impedir que lleguen hasta nosotros quienes buscan una salida personal a una situación insostenible. Pero seguirán viniendo. No se pueden poner puertas al campo, y tampoco al mar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de junio de 1999