Los intereses partidistas frustraron la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La lengua ha estado en boca de todos los protagonistas del debate político valenciano en esta legislatura. Pero lo realmente novedoso ha sido que las dos fuerzas políticas mayoritarias, el PP y el PSPV, alcanzaron un acuerdo en el seno del Consell Valencià de Cultura (CVC), con la abstención expectante de EU y la oposición de UV, para la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en virtud del dictamen lingüístico. Fue el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien lanzó la idea del pacto lingüístico, y Joan Romero, entonces secretario general del PSPV, quien recogió el guante, pese a algunas reticencias en las filas de ambos partidos. Los nacionalistas del BNV también aceptaron y la Universidad mantuvo una actitud vigilante y de cautela. El rector de la de Valencia, Pedro Ruiz, y los miembros del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, fueron consultados continuamente por los consejeros del CVC de izquierda durante las negociaciones. Pasado el largo y dificultoso parto en el CVC, en el verano del pasado año, el dictamen, que orillaba la denominación de catalán y la unidad lingüística pero la reconocía implícitamente, llegó a las Cortes para tomar cuerpo de ley. El debate volvió a escenificarse, esta vez en los despachos del Palau de Benicarlò, pero con un ingrediente nuevo en la negociación: la polémica que mantenían socialistas y populares por el nombramiento de Miguel Mazón en el consejo de administración de RTVV, al que los populares se opusieron hasta en tres votaciones. Tras nuevas y no menos accidentedas reuniones, en la noche del 14 de diciembre Zaplana y Romero recibieron sendos faxes con una lista de nombres pactada por los negociadores populares y socialistas. El actual consejero de Cultura, Manuel Tarancón, sería el presidente del organismo; el escritor Josep Palomero, el vicepresidente, y el catedrático de la Universidad de Alicante Rafael Alemany, el secretario. Pero al final, la Acadèmia, el organismo normativo sobre el valenciano, no se ha llegado a concretar a pesar de alcanzarse un principio de acuerdo sobre sus integrantes y de promulgarse una ley que recogía el contenido del dictamen. Algo cambió en el fin de semana anterior a las Navidades. De esta manera, los escépticos que sostenían que el PP no aceptaría articular el citado organismo antes de las elecciones autonómicas se han cargado de razón. A unos meses de los comicios y ya iniciada la estrategia de ganar votos a costa del granero secesionista de UV, la aprobación de la Acadèmia, formada mayoritariamente por los defensores del rigor científico, podía perjudicar los planes electorales de Zaplana encaminados a obtener la mayoría absoluta. Esta hipótesis, que explica el freno en las negociaciones de diciembre, está avalada por la explicitación posterior de la táctica del PP con respecto a los regionalistas. No obstante, también se apuntó que la necesidad de forzar un bloqueo institucional tras la negativa del Gobierno central a dotar de más competencias a la Comunidad Valencia, mediante la reforma del Estatuto, influyó en la decisión de Zaplana de paralizar cualquier consenso institucional con el PSPV (la constitución de la Acadèmia requiere los votos de dos terceras partes de las Cortes). De todas formas, el cruce de acusaciones entre ambos partidos sobre la responsabilidad de la frustración del acuerdo se han repetido hasta estos días. En enero, la Acadèmia quedó congelada. Zaplana anunció que hasta después de los comicios no se retomaría la cuestión. Recientemente, el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, hizo suya la propuesta socialista de incluir la Acadèmia entre las instituciones propias de la Generalitat en la futura reforma del Estatuto.