Plomo en las alas

IBERIA ES una empresa que desempeña un papel fundamental en la economía española. En primer lugar, por su volumen. Pocas empresas españolas alcanzan una facturación de 650.000 millones de pesetas anuales y emplean a 20.000 trabajadores. Después, por la relevancia de la tarea de gestionar el transporte aéreo en una zona vital para las relaciones comerciales y personales entre Europa y el continente americano.En los últimos años, Iberia se había recuperado de un prolongado periodo de pérdidas en su cuenta de resultados, y gracias a la reactivación de la economía, el aumento del turismo y la recuperación de la capacidad de gasto de los españoles, había conseguido enhebrar dos ejercicios seguidos con beneficios; de 53.000 millones de pesetas en 1998. El primer trimestre del año, tradicionalmente negativo, ha visto crecer las pérdidas hasta los 4.000 millones. Mal momento para que se instalen los números rojos -aunque la compañía mantiene una expectativa de beneficios en el conjunto del año-, con una privatización en ciernes y una delicada red de operaciones montada en torno a la financiación de la empresa.

No es difícil responsabilizar de este brusco empeoramiento de las cuentas de la empresa todavía pública a factores como la caótica situación del tráfico aéreo, a la que con tanto ahínco han contribuido la incapacidad de gestión del Ministerio de Fomento, los fracasos encadenados de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) para corregir la deplorable actuación de los controladores en Barajas, o la esperpéntica predisposición del SEPLA a utilizar la huelga (de celo o de brazos caídos) para aumentar indefinida e ilimitadamente los ingresos de los pilotos y bloquear cualquier posibilidad de flexibilización laboral que acabe con sus privilegios dentro de la compañía. El efecto acumulado de estas causas se puede evaluar en términos globales en la diferencia negativa de más de 10.000 millones entre el beneficio real del grupo en 1998 y el estimado para 1999.

El ministro Arias rechazó el sábado cualquier responsabilidad en los retrasos, atribuyéndosela a Industria, de quien depende Iberia. Al margen de la vocación de este ministro de eludir sus responsabilidades, es cierto que también la dirección de la compañía es responsable. Los problemas planteados por los pilotos no han aparecido por generación espontánea. En parte se deben a una cultura de consentimiento y halago de la empresa con sus empleados más privilegiados, que los gestores han sido incapaces de enmendar.

Es evidente que esta situación no puede mantenerse por más tiempo. El empeoramiento del tráfico aéreo en España, hasta límites grotescos e impropios de un país europeo, está produciendo un sentimiento social de rechazo a las actitudes de extorsión de los pilotos que deben aprovechar los gestores de Iberia para resolver con la dureza legal que sea necesaria el problema que tienen planteado en su propia casa. El ministro Piqué ha advertido de que podría llevar el asunto a los tribunales. Al menos en eso contará con el apoyo de muchos ciudadanos.