Amarrados al sillón del consistorio

"Un político no debería tener miedo a pedir excusas cuando se equivoca ni a abandonar su cargo cuando se da cuenta de que lo que hace no es coherente". La recomendación de Victòria Camps, catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y ex senadora independiente en las filas del PSC, tiene escasos seguidores entre los protagonistas de la vida pública española. La Administración local, no exenta de conductas corruptas, no constituye ninguna excepción. La dimisión es una decisión insólita entre los alcaldes o concejales que están bajo sospecha, e incluso entre aquéllos que acumulan incontables causas en los juzgados. Los políticos sólo suelen doblegarse ante una sentencia firme que les obliga a abandonar el poder o cuando el propio partido les invita a dejar la silla ante la evidencia de alguna alcaldada. Uno de los casos más recientes de dimisión forzada por una condena de inhabilitación tuvo como protagonista al ahora ex alcalde de Esplugues, el socialista Antoni Pérez. Una sentencia de la Audiencia de Barcelona le obligó a dejar el cargo en abril del año pasado, ya que se le condenaba a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber concedido de forma irregular una licencia municipal de obras y actividades a la empresa que administraba su hijo. Pérez se fue con la cabeza bien alta, reivindicó su inocencia y atribuyó la condena a una venganza de la oposición. Por un escándalo todavía más sonado, el alcalde de Sant Pere de Torelló, el convergente Joan Vaqué, no puede presentarse a la reelección en estos comicios. Sobre él pesa una condena de inhabilitación, ratificada el mes pasado por el Tribunal Supremo, por el fraude público que en 1994 hizo caer al entonces consejero de Política Territorial, Josep Maria Cullell. Entre los casos de dimisión forzada por el propio partido, la más reciente es la efectuada por el alcalde de Sant Julià de Ramis, Sebastià Corominas, ocurrida hace tres meses. Convergència i Unió (CiU) le pidió que abandonara la militancia y la alcaldía tras descubrirse que había utilizado para su vivienda y para un bar de su propiedad tres aparatos de aire acondicionado de titularidad municipal. Aunque al principio admitió su equivocación calificándola de "error administrativo", el ya ex alcalde minimizó poco después su conducta irregular y anunció que volvía a la carga electoral al frente de una lista independiente. Los más críticos con su gestión aseguran que "los favores prestados pesan" y que "es capaz de ganar por encima de todos los desprestigios". Corominas no es el único alcalde que en los comicios del próximo 13 de junio vuelve a optar a la reelección, ajeno a la posibilidad de que las sospechas de abuso de poder que pesan sobre él le pasen factura en las urnas. El alcalde de Tarragona y diputado de CiU, Joan Miquel Nadal, ha decidido encabezar de nuevo la candidatura convergente, convencido de que sus problemas con la justicia no le han erosionado políticamente y que las causas que sigue el Supremo en contra de él se resolverán a su favor. El Congreso de los Diputados ha concedido los dos suplicatorios solicitados por el Supremo para que Nadal sea procesado por dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias: uno de ellos se refiere a la supuesta mediación del alcalde ante la Generalitat para que ésta revocase un acuerdo que negaba al abogado Jordi Salvà la concesión de una licencia para instalar una empresa de lavado de coches de la que el alcalde había sido socio. En la otra causa judicial se investiga el papel de Nadal en la autorización concedida para que una urbanización de Els Pallaresos, uno de cuyos promotores era su esposa, Júlia Abad, pudiera conectar sus aguas residuales al alcantarillado de Tarragona. Nadal, que tiene otras causas pendientes en los juzgados de Tarragona, goza del apoyo de su partido, que, lejos de apartarle de los órganos de dirección, ha reforzado su liderazgo. CiU y el propio Nadal han apelado desde el primer momento a la presunción de inocencia, lo que da pie al eterno debate sobre si la responsabilidad política debe o no pasar por delante de la responsabilidad judicial. Un debate en el que tiene cabida la pregunta de si son suficientes los actuales mecanismos para garantizar el ejercicio honesto del poder por parte de alcaldes y concejales. En la práctica, la herramienta más efectiva es el control político ejercido por la oposición, que en periodos electorales se esfuerza como nunca en sacar al sol los trapos sucios de sus contrincantes. Como ha sucedido en Lleida durante la ya finalizada precampaña electoral. ERC ha llevado a la fiscalía al alcalde de la ciudad, el socialista Antoni Siurana, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El partido republicano sostiene que el alcalde encargó encuestas pagadas por el consistorio que fueron utilizadas exclusivamente por el equipo de gobierno socialista con fines partidistas. Pese a que los fiscales de Lleida han remitido la denuncia de ERC al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque han apreciado indicios de delito, Antoni Siurana defiende su inocencia y no ha reconsiderado su decisión de presentarse a la reelección. Antes de que el TSJC se pronuncie, los electores tendrán la oportunidad el próximo 13 de junio de expresar su opinión sobre el caso. Mientras tanto, el vicepresidente de la Diputación de Barcelona y responsable de política municipal de IC, Jaume Bosch, alerta de que desde hace pocas semanas, gracias a la modificación de la ley de bases de régimen local impulsada por el PP y aprobada gracias a los votos de CiU, los ediles tienen más posibilidades de cometer alcaldadas. Algunas de las competencias que antes estaban en manos del pleno, ahora han pasado a ser exclusivamente del alcalde.