El paro, por debajo de la media española

El PP llegó al Gobierno de la Generalitat cuando la economía estaba en plena fase expansiva y la recesión no era más que un mal recuerdo. Los populares iniciaron su mandato con los grandes números soplando a su favor. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) -el índice menos malo a juicio de los expertos-, el número de ocupados ha crecido entre junio de 1995 y finales de 1998 cerca de un 12%, es decir, se han creado 150.000 nuevos empleos y la tasa de paro valenciana se ha reducido en siete puntos. Las cifras derrochan optimismo y han llevado a los populares a publicitar a la Comunidad como autonomía líder dentro de España en descenso del paro. A título anecdótico, Castellón es, según el Consell, la provincia con el paro más bajo del país. La acción política del PP, en este escenario, ha preferido un trasvase del dinero público de las políticas pasivas -pago de subsidio de desempleo- a las activas -subvención de contratos a los empresarios-. El Acuerdo Valenciano por el Empleo y la Formación (AVEF), que el gobierno del PP firmara en 1996 con UGT y CC OO y la patronal Cierval, intenta corregir, y lo consigue en parte, dos de los grandes problemas del mercado laboral valenciano: un índice de paro superior a la media española y una precariedad laboral elevada. El primer objetivo se alcanza, dado que a finales de 1998 la tasa de paro valenciana se sitúa en el 15,3 frente al 18,2 a que asciende la española. En la EPA se aprecia un descenso de la tasa de temporalidad de los asalariados valencianos, que pasa de representar el 44% del total en 1995 al 40% del año pasado. Es un descenso de cuatro puntos. Sin embargo, si se compara con España, la temporalidad está en la Comunidad siete puntos por encima de la media estatal. En este sentido, los incentivos públicos dedicados a fomentar la contratación indefinida han obrado resultados. De hecho, desde 1996, fecha en la que el Gobierno español y los agentes sociales alcanzaron un acuerdo, el empleo estable ha crecido ligeramente. Del total de contrataciones registradas en la Comunidad en esta legislatura, alrededor del 90% eran temporales y el 11% restante, indefinidas. Un análisis más detenido de la EPA arroja, no obstante, algunas sorpresas, mal aireadas y peor explicadas por los actuales gestores de la Generalitat. La tasa de actividad ha descendido un punto en los cuatro años de gobierno popular en lugar de crecer como sería lógico en una época de bonanza. El problema es especialmente grave entre las mujeres. Su tasa de actividad desciende desde 1995 y, por si fuera poco, crece el paro femenino. Si la situación laboral de este colectivo ha empeorado, lo mismo sucede con los jóvenes menores de 25 años, que han visto recortada su tasa de actividad en cinco puntos, pasando del 52% de 1995 al 47% en 1998. Las iniciativas de inserción laboral adoptadas por el PP y dirigidas a las mujeres y jóvenes no han tenido grandes resultados más allá de avances concretos. La otra cara de la moneda ha sido el avance de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en la Comunidad Valenciana. Según los sindicatos, una mayoría de los contratos gestionados por las ETT tienen una duración inferior a los dos meses. Los contratos gestionados por estas compañías representaban en 1997 un 5% de los registrados por el Inem. Un año más tarde este porcentaje ha crecido hasta situarse en el 9%, equiparándose en importancia con los contratos indefinidos. Mujeres y jóvenes son, de nuevo, los grandes clientes de las ETT. De hecho, el 77% de los titulares de estos contratos tenían menos de 25 años. En rentas salariales, los valencianos están por debajo de la media española y cobran 26.000 pesetas menos. Frente a las 207.000 pesetas al mes de media estatal, el sueldo en la Comunidad era de 181.000 pesetas a finales del primer trimestre de 1998. Un balance, por tanto, plagado de luces, por el número de empleos creados, y de sombras, si se juzga la calidad o los colectivos que continuan sin beneficiarse de esta mejoría laboral. En este sentido, el AVEF, renovado hace unos meses sin el concurso de UGT, ha concentrado la política del Consell en la legislatura. El acuerdo establecía una inversión pública anual de 70.000 millones de pesetas hasta el año 2000, para favorecer las políticas de empleo en una región que figura entre las 25 con más paro de la Unión Europea. Su desarrollo ha quedado absolutamente eclipsado por la cifras de empleos creados a pesar de las reiteradas denuncias de incumplimiento lanzadas por los sindicatos. Sigue pendiente la jornada de 35 horas, la reducción de la siniestralidad laboral, la creación de empleo público, la adecuación de la formación profesional al mercado y la creación del Inem valenciano, todavía pendiente. Será en la siguiente legislatura. La decisión del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de disolver la Consejería de Trabajo, un departamento autónomo desde inicios de los años 80, y su adscripción al departamento de Industria y Comercio que dirige Diego Such resume una legislatura donde parece que la mejor política es la que no existe.