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Un ministro y 17 generales de Colombia dimiten en protesta por el proceso de paz

La dimisión del ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Lloreda, por no estar de acuerdo con los últimos pasos dados por el presidente del Gobierno, Andrés Pastrana, en el proceso de negociación con la guerrilla, generó ayer miércoles una crisis polìtica y militar sin precedentes. Diecisiete de los 30 generales en activo -comandantes de brigada y división- y 14 coroneles solicitaron su paso a retiro. Políticos, ministros y juristas se precipitaron a mostrar su apoyo a Pastrana. El ministro de Defensa interino, el general Fernando Tapias, negó cualquier posibilidad de ruido de sables.

"No somos enemigos de la paz. Somos unas Fuerzas Armadas de profunda vocación democrática", dijo el general Fernando Tapias, comandante del Ejército, antes de viajar a Cartagena, junto al alto mando, para reunirse con el presidente, quien asiste a la cumbre de la comunidad andina. De hecho, el propio Pastrana, al finalizar el encuentro, dijo a la prensa que los militares le habían manifestado su apoyo: "El Gobierno y las Fuerzas Militares están profundamente unidas e identificadas en el propósito nacional de la búsqueda de la paz".La crisis que el presidente daba por cerrada, pero los analistas no, es la peor que ha sufrido el actual Gobierno desde su toma de posesión en agosto de 1998. Los grandes diarios colombianos sacaron a la calle ediciones extras. "Crisis", titulaba anoche a seis columnas El Espectador.

El general Tapias leyó al mediodía un breve comunicado para calmar los ánimos y evitar las especulaciones sobre un golpe de Estado: "El estamento militar no le ha fallado ni le fallará al país". Pero, al mismo tiempo, el alto mando del Ejército ordenaba el "acuartelamiento de primer grado" en todas las guarniciones del país, "la máxima alerta en que se puede colocar a las Fuerzas Armadas".

Los desacuerdos de Lloreda con las decisiones del presidente forman una larga cadena. El último enfrentamiento del ministro con el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, fue por la desmiliarización de 42.000 kilómetros cuadrados al sur del país que sirven de escenario a las negociaciones con la guerrilla. Ricardo anunció hace pocos días la intención del Gobierno de mantenerla de manera indefinida.

Polémica decisión

El ministro se opuso: "Si hay una prórroga indefinida se corre el riesgo de que las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] se puedan fortalecer". Para Lloreda, el no tener fecha límite podía "dilatar o diluir el proceso". "No se pueden negociar los principios", dijo en su carta de dimisión. Lloreda insistió ayer en que, a pesar de los intentos por hablar con el presidente antes de redactar su renuncia, Pastrana "no tuvo tiempo" para atenderlo.

La respuesta militar se desencadenó casi de inmediato y fue creciendo a medida que pasaban las horas. Al mismo tiempo aparecieron las declaraciones de apoyo al presidente y a su política de paz: el vicepresidente, los 14 ministros restantes, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, el Consejo Superior de la Judicatura. "Podemos estar tranquilos, el proceso de paz va bien, ha avanzado más allá de lo que los colombianos creemos", dijo el presidente del Congreso, Fabio Valencia Cossio.

Algunos parlamentarios opositores hablaron de una paz "herida de muerte" y pidieron al Gobierno un replanteamiento en sus políticas de reconciliación nacional. Las FARC también opinaron y lo hicieron con un mensaje electrónico en el que califican la postura de Lloreda de "rebeldía abierta y provocadora", y piden a Pastrana que amplie el consenso alrededor de la paz.

La desmilitarización o despeje fue el primer paso que se dio en esta negociación. Tres meses, desde el pasado 7 de noviembre, sin un sólo militar en la zona, que luego se amplió cuatro meses más. La decisión de no ponerle plazo se planteó para hacer viable la nueva etapa de diálogo pactada el 2 de mayo por el presidente Pastrana y Tirofijo, el principal comandante de la guerrilla.

Al atardecer y después de varias horas de la reunión entre Pastrana y los mandos militares en Cartagena de Indias se especulaba con una fórmula para conjurar la crisis que consistiría en pedir la cabeza del actual comisionado para la paz. Pastrana, en una carta al ministro saliente, le señaló que la política de paz del Gobierno "se ha venido cumpliendo en el marco de la Constitución y de la ley y está inspirada en el marco de la Constitución". Ante los rumores de una posible intentona golpista, el presidente dijo: "Mantendré hasta el final de mi mandato la voluntad de continuar la política de paz con el apoyo de las Fuerzas Armadas".

Lloreda contó siempre con el apoyo del alto mando militar, que ayer lo calificaba como el "mejor ministro". Hasta el último minuto, Lloreda defendió la voluntad de paz de los militares y aseguró que ésta los ha llevado incluso a situaciones "humillantes". El malestar militar se ha sentido en varios momentos de este nuevo intento para lograr la paz tras más de tres décadas de violencia: en noviembre del año pasado, cuando se retiraron los 3.000 soldados del batallón Cazadores, el más grande de la zona despejada; o dos meses después, cuando se conoció una lista de militares investigados por vínculos con los paramilitares que supuestamente Ricardo entregó a las FARC.

El 'despeje' en el país de las FARC

El párroco de San Vicente del Caguán, el padre Miguel Ángel Serna, se ha convertido en el más duro crítico de la forma en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han manejado la zona del despeje. Por San Vicente -una población ganadera y coquera (donde se cultiva coca) de unos 15.000 habitantes y corazón de la zona desmilitarizada- andan como Pedro por su casa los guerrilleros.Ellos cobran peaje en las carreteras de salida, ellos resuelven los conflictos de acuerdo con sus leyes, pavimentan las calles con trabajo "voluntario" de la población y de los dueños de camiones, y establecen los horarios para entrar o salir de la población.

El padre Serna acusa a la guerrilla de reclutar a menores de edad y detener a los que considera sospechosos de tener vínculos con los paramilitares. La nueva queja es que la guerrilla utiliza la extensa zona de distensión para mantener a los secuestrados que retiene en todo el país. Los ganaderos -unos de los más radicales adversarios de los guerrilleros- aseguran que en los otros cuatro municipios despejados los comandantes han prohibido vacunar el ganado.

Pero hay muchos que aseguran que la zona de distensión no ha cambiado en gran medida las cosas: desde hace años las FARC controlan este territorio de las provincias del Caquetá y el Meta.

Desde las grandes ciudades se ve el despeje como la entrega de una porción del país a la guerrilla, allá las cosas se ven de manera distinta. "Nosotros estamos acostumbrados a obedecer a distintas leyes", dijo a este periódico un campesino. El tertuliano de un café de la plaza central dice: "Es un sacrificio que estamos haciendo prestando nuestro territorio para que todo el país tenga por fin la paz; es un mal necesario, en algún sitio se tiene que hablar".

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