La deuda, a la lavadora

Los populares accedieron a la Generalitat cuando los Estados miembros de la Unión Europea se hallaban inmersos en un proceso de convergencia económica que imponía serias restricciones a los indicadores de deuda pública. Formalmente la Generalitat Valenciana ha cumplido las exigencias impuestas en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, la deuda no ha dejado de aumentar, eso sí, adecuadamente centrifugada. En 1995 la deuda de la Generalitat reconocida por el Banco de España ascendía a 434.000 millones de pesetas. El grueso correspondía a deuda a largo plazo, el recurso de las diversas administraciones para afrontar grandes obras de infraestructura que escapan a las dotaciones de los presupuestos anuales, algo así como la hipoteca del piso. A finales de 1996, José Luis Olivas, consejero de Economía y Hacienda, protagonizó un sonoro enfrentamiento con el Banco de España a propósito del volumen de la deuda. La entidad emisora computó por primera vez la deuda a corto plazo en sus estimaciones sobre las obligaciones pendientes. Aclarado el entuerto, Olivas descubrió un mecanismo para quitarse de las manos las obligaciones pendientes a corto plazo, la deuda contraída habitualmente para garantizar el buen funcionamiento diario de las instituciones, algo así como el crédito para pagar las vacaciones. Durante los dos años siguientes, el Consell ha trasladado más de 100.000 millones de deuda contraída a corto plazo a la calificación de largo. En ambos casos se ha invocado el descenso de los tipos de interés para recalificar la deuda y aliviar la tesorería de la Generalitat. Pero el recurso entraña una perversión, y es la posibilidad de arrastrar durante años las obligaciones contraídas para garantizar el gasto corriente y afrontar el día a día. Según el Banco de España, la deuda de la Generalitat a finales de 1998 ascendía a 608.000 millones. La deuda sucia es pesada, pero la deuda trasladada a la lavadora tampoco ha dejado de crecer. Las empresas públicas de la Generalitat acumulaban en 1995 obligaciones a largo plazo que ascendían a 61.000 millones de pesetas. Cuatro años después, a pesar de la constitución de una denominada comisión de racionalización del sector público -el eufemismo utilizado para suavizar el término privatización-, la Generalitat ha creado tres nuevas empresas públicas: Sociedad Parque Temático de Alicante, Proyecto Cultural de Castellón y Circuito de Motor y Promoción del Deporte. Las nuevas sociedades apenas han empezado a endeudarse, pero las obligaciones contraídas por el conjunto de las empresas públicas, según los presupuestos de 1999, ascienden a 174.000 millones. Los populares han denunciado reiteradamente que heredaron un plan de inversiones en las universidades que carecía de dotación presupuestaria. Y lo afrontaron, pero a costa de una emisión de deuda a 25 años por parte de las propias universidades. La emisión de obligaciones garantizada por la Generalitat asciende a 75.000 millones. La aplicación de la LOGSE ha provocado un problema similar. Y soluciones imaginativas del mismo tenor. Ayuntamientos y diputaciones provinciales han asumido compromisos a corto plazo para construir nuevos centros escolares cuyo pago es garantizado por la Generalitat a largo plazo. La necesidad de cerrar el mapa escolar en la Comunidad Valenciana ha llevado a los populares a modificar incluso el objeto social del Instituto Valenciano de la Vivienda, empresa destinada a cubrir la demanda de vivienda, para que pueda afrontar la construcción de escuelas. Las obligaciones distribuidas entre administraciones y organismos públicos para dotar las inversiones en Educación no son fácilmente cuantificables. Pero deben sumarse a la deuda de 850.000 millones que acumulan las partidas que reconoce el Banco de España, las que acumulan las empresas públicas y las destinadas al plan de financiación de las universidades.