Agujeros, recortes y parches contables

Máximo Caturla, director general de Presupuestos, jugó en cierta ocasión una final del campeonato mundial de Monopoly. Desde julio de 1995 es el máximo responsable de las cuentas de la Generalitat. Ha logrado granjearse la confianza de sus compañeros al frente de la Administración autonómica. Pero, sobre todo, ha demostrado una enorme capacidad para hacer juegos malabares y cuadrar anualmente los números. Al margen de la ingeniería financiera, el Partido Popular ha recurrido a nuevos artilugios contables como el agujero, el recorte y el parche. José Luis Olivas aseguró haber tropezado con un agujero insondable cuando abrió las arcas de la Generalitat. El PP estaba embarcado en los previos de una campaña electoral de ámbito estatal cuando accedió a la Generalitat y se empeñó en poner en entredicho la gestión financiera de sus predecesores socialistas. El agujero contable se multiplicaba por momentos. Las facturas acumuladas en los cajones de las distintas dependencias públicas sumaban la friolera de 200.000 millones, según las estimaciones de los populares. El presupuesto de 1995 se liquidó con 64.000 millones de déficit y el mejor indicador de tesorería -las existencias en caja- hasta la fecha. Pero Olivas insistió en su vocación de sanear las cuentas y renunció a reclamar al Estado derechos pendientes de cobro por un montante superior a los 50.000 millones de pesetas. "Los presupuestos de la Generalitat no tenían traducción real con los presupuestos del Estado", explicó Olivas en abril de 1996. Y consideró "poco serio" mantener vivos derechos pendientes correspondientes a los ejercicios de 1992, 1993 y 1994. Para culminar la operación, Olivas advirtió que las inversiones que no hubieran sido comprometidas antes del 30 de octubre de 1996 serían trasladadas a ejercicios posteriores. Un recorte que afectó de forma desigual a las distintas áreas de gestión, pero que redujo en torno a un 20% las inversiones a cuenta de la Generalitat. Las medidas de rigor contable parecían impecables, pero la condonación de la deuda al Estado vino acompañada de una sorprendente generación de crédito en el área de Sanidad. La Generalitat ha mantenido históricamente un desfase de unos 10.000 millones de pesetas anuales con respecto a las transferencias de la Seguridad Social, que reclamaba cada año, pero al final de 1996 los derechos pendientes que Olivas reclamaba al Estado superaban los 61.000 millones. El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a ese año alerta sobre una generación de crédito de 46.000 millones de pesetas a partir de supuestas transferencias procedentes del Estado. La generación de crédito permite disponer de los fondos y gastarlos, pero Olivas ha tenido serios problemas para ingresar ese dinero, una cantidad muy similar a la que en su día perdonó al Estado. El parche sólo disimuló el agujero. En su afán por alcanzar el equilibrio presupuestario, Olivas repitió la operación de recorte de inversiones de la Generalitat en 1997. De modo que las inversiones reales de la Generalitat se redujeron de nuevo en torno a un 20%. Y durante dos años consecutivos. Uno de los parches contables más sonoros de la legislatura se ha producido, una vez más, en el área de Sanidad. El gasto farmacéutico desborda anualmente las previsiones, pero en 1998 la situación llegó a ser extrema. La factura de Farmacia dejó de contabilizarse en los presupuestos de la Generalitat a partir del pasado mes de septiembre. Es decir, las facturas que trasladaban los colegios de farmacéuticos no tuvieron reflejo contable en los presupuestos. La única razón para dejar de sumar las anotaciones es la falta de fondos para pagar los compromisos contraídos. Sin embargo, los farmacéuticos cobraron puntualmente a través, necesariamente, de créditos extrapresupuestarios. El volumen de la factura de Farmacia correspondiente a los tres últimos meses de 1998 superó los 36.000 millones de pesetas y sólo se anotó al principio de este año. De modo que el gasto farmacéutico para 1999, que se presupuestó por debajo de la factura real correspondiente a 1997, nació con un lastre que asciende a la tercera parte de los fondos disponibles. El caso fue objeto de una interpelación parlamentaria al presidente del Consell, pero Eduardo Zaplana, fiel a su estilo, evitó cualquier explicación y se limitó a verter acusaciones sobre la oposición para esquivar el asunto. El agujero, el recorte y el parche se ajustan más a las prácticas de costura que a la gestión presupuestaria, pero han resultado útiles para sostener el traje. Las grandes cifras cuadran, pero es de esperar que los pespuntes sean sólidos y que no se hayan producido descosidos en las bolsas de la Generalitat.