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Iglesia, oposición y colectivos sociales tachan de locura blindar el Estrecho contra las pateras

La Iglesia española, los partidos de la oposición y diversos colectivos sociales criticaron ayer con dureza la intención del Gobierno, anunciada por el director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, de utilizar la tecnología más avanzada para combatir la inmigración irregular en pateras a través del Estrecho. "El Gobierno del PP ha perdido la ética", llegó a decir Gabriel Delgado, delegado episcopal de Migraciones de Cádiz y Ceuta. PSOE e IU calificaron de "locura" la iniciativa y pedirán la comparecencia de López Valdivielso en el Congreso.

El plan, publicado ayer por este diario, pretende blindar la frontera sur con un sistema de radares de larga distancia, cámaras térmicas, visores nocturnos, rayos infrarrojos, helicópteros, patrulleras y otros medios dirigidos desde un centro coordinador de Algeciras. El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) supondrá invertir unos 25.000 millones de pesetas en cinco años.La reacción de los colectivos afectados por el problema de la inmigración fue contundente. El delegado de Migraciones de la Iglesia en Cádiz y Ceuta, Gabriel Delgado, acusó al Gobierno del PP de haber perdido la ética y de abanderar la insolidaridad, informa . "Con este tipo de políticas de fronteras cerradas, España muestra la imagen más cruel de la insolidaridad", lamentó Delgado, quien avisó al Ejecutivo de que no logrará reducir la inmigración con el endurecimiento de los controles. En su opinión, el Gobierno debiera apostar por controlar las mafias "que se lucran de la desgracia y la miseria de los inmigrantes" y por aplicar un plan eficaz para el desarrollo económico y social de los países del Magreb.

El presidente nacional de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Juan Serraller, declaró que el Gobierno, de llevar adelante el proyecto, incumplirá la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su portavoz en Cádiz, Rafael Lara, acusó al PP de apostar por una política "coercitiva y policial" y calificó el plan como "una aberración y un intento por criminalizar la inmigración". "Se equivocan", añadió, "convirtiendo Cádiz en una fortaleza inexpugnable y una comisaría del Magreb".

Muros contra el hambre

Los partidos políticos también fueron muy duros con la iniciativa. Desde el PSOE, la eurodiputada y candidata número 3 al Parlamento Europeo, Francisca Sauquillo, advirtió al Ejecutivo de que "los muros no solucionan el hambre". Matilde Fernández, diputada socialista y ex ministra de Asuntos Sociales, entiende que la intención del Gobierno es "fruto del fracaso" de sus relaciones con el Ejecutivo de Rabat para frenar las mafias del tráfico de inmigrantes. Fernández añadió que el plan "es un poco tirar el dinero" y que el Gobierno no ha conseguido buenos canales de diálogo con Marruecos "ni en la naranja, ni con los peces ni con los derechos humanos de los marroquíes".

La responsable de Trabajo y Migraciones de IU, Susana López, calificó de "locura" el desembolso de 25.000 millones para blindar el Estrecho en vez de invertirlos en la integración de los extranjeros que ya hay en el país. Uno y otro partido solicitarán que López Valdivielso dé explicaciones en el Congreso.

Mientras, el calvario sigue en el sur. Patrulleras marroquíes interceptaron durante el pasado fin de semana, frente al cabo Espartel, una patera con 26 inmigrantes y dos pasadores, que ya les habían cobrado entre 300 y 700 dólares por un incierto viaje al primer mundo. La pequeña embarcación, con capacidad para seis personas, se mantenía a flote a duras penas.

Hace sólo una semana se dictó en Tánger la sentencia más dura contra los traficantes de hombres. Dos de ellos fueron condenados a cuatro años de cárcel por organizar un viaje que finalizó trágicamente para 13 de los inmigrantes, cuyos cadáveres fueron recogidos hace dos semanas en una playa de Arzila.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de mayo de 1999

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