El fiscal pide 18 meses de cárcel por aborto para una psicóloga y dos médicos
La intervenida dice que su compañero la forzó
La Fiscalía de Granada mantuvo ayer la petición de condena de 18 meses de cárcel y tres años de inhabilitación contra dos médicos y una psicóloga de la clínica Ilíberis por un supuesto delito de aborto. En cambio, retiró los cargos contra la mujer que, en el transcurso de la vista oral, aseguró que fue golpeada y forzada sexualmente por su compañero sentimental, un ciudadano marroquí que quería a toda costa que continuara con el embarazo y diera a luz en su país.
El fiscal puso en duda que la psicóloga estuviera capacitada para dictaminar si la mujer podría sufrir graves daños físicos y psíquicos si continuaba con la gestación. A su entender, sólo un médico está capacitado para ello.El director de la clínica, Mohamed Zacarías, declaró que el centro médico, que tiene autorización para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, fue inspeccionado poco antes de que la mujer acudiera a ella y que nadie del Servicio Andaluz de Salud le advirtió que una psicóloga no estaba facultada para certificar el estado mental de una paciente. Es más, Zacarías aseguró que una ley promulgada en 1985 permite que el examen sea practicado indistintamente por un psicólogo o un psiquiatra.
Evaluar el riesgo
Por contra, el fiscal mantuvo en sus conclusiones que sólo un médico puede evaluar el riesgo a que está sometida la salud de una embarazada en caso de no interrumpir la gestación, y que esta circunstancia era conocida por la psicóloga que firmó la autorización, por el director de la clínica y por el ginecólogo que efectuó la intervención.
El fiscal sometió a un exhaustivo interrogatorio a la mujer, para comprobar la calidad del examen psicológico a que fue sometida antes de abortar.
La mujer explicó que conoció al hombre, que más tarde la denunciaría por abortar, cinco meses antes de que se presentara en la clínica Ilíberis, el 30 de mayo de 1995. La relación entre ambos se había deteriorado algún tiempo atrás, hasta el punto de que eran frecuentes los altercados. En uno de ellos tuvo que intervenir la Guardia Civil.
La mujer explicó que quedó encinta tras mantener una relación no deseada con quien fuera su compañero. Seguidamente, el hombre la amenazó -lo mismo hizo con su familia- para que no se opusiese a continuar la gestación y se trasladase a Marruecos para dar allí a luz al hijo de ambos. En una de las disputas el hombre la golpeó en la cara.
"Me impidió tomar las píldoras anticonceptivas y me forzó a tener relaciones sexuales", manifestó al tribunal. La mujer añadió que durante el examen psicológico en la clínica explicó que en tres ocasiones, durante el periodo más crítico de sus relaciones, había tenido la tentación de suicidarse, arrojándose al vacío desde una ventana de su casa en Almería. "El aborto era la única salida que tenía. No quería al niño porque si nacía él me lo quitaría", agregó.
La mujer confió el estado en que se encontraba a una hermana suya, que fue la encargada de buscar la clínica que le permitiera interrumpir el embarazo y poner fin a la terrible pesadilla en que se había convertido su relación con el hombre.
El fiscal, en cambio, dijo que la mujer sólo padecía "el malestar de un embarazo, y el miedo y preocupación por el nacimiento de un hijo que no quería".
El ministerio público retiró los cargos contra una auxiliar de la clínica y contra la trabajadora social que atendió a la mujer, para quienes en principio había pedido entre 12 y 8 meses de prisión. Las defensas, por su lado, solicitaron unánimemente la absolución de los médicos y la psicóloga.
Un antecedente
Éste es el segundo juicio al que la Audiencia de Granada somete al equipo de evaluación de la clínica Ilíberis por un supuesto delito de aborto, al entender que la persona encargada de examinar a las pacientes carece "de la cualificación legalmente exigida". La primera sentencia, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, provocó la reacción del presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Mariano Vera, quien resaltó la "incoherencia" en que incurren los tribunales al aceptar la intervención de un psicólogo en un caso de homicidio, por ejemplo, y rechazar en cambio su aptitud en uno de aborto.María de la O Hita, la psicóloga juzgada ayer, ya fue condenada en aquel juicio, igual que el director de la clínica y el ginecólogo que hizo la intervención. Los magistrados de la Audiencia granadina impusieron entonces una condena de un año de cárcel a cada uno.
La psicóloga manifestó ayer su convencimiento de que su licenciatura la capacita para examinar a una paciente y dictaminar si cumple los requisitos del primer supuesto de la Ley del Aborto, que admite la interrupción del embarazo en caso de grave riesgo para la salud mental o física de la madre.
El juicio se celebró ayer después de sufrir dos suspensiones consecutivas. El último aplazamiento se remonta al pasado abril, cuando la abogada de los médicos renunció voluntariamente a la defensa. El nuevo letrado solicitó un aplazamiento ya que, alegó, no había tenido tiempo material para preparar el caso.
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