La CEA cree que la ley de Cajas convierte a estas entidades en empresas públicas y los sindicatos piden más representación

"En media hora, hemos oído opiniones totalmente distintas". El comentario de Francisco Ríos, parlamentario de IU en la comisión de Economía, sintetizó las diferencias que mantuvieron los representantes de la patronal (CEA), y los sindicatos (UGT y CC OO) en su análisis sobre el proyecto de la ley de Cajas, que ahora debate la Cámara autonómica. El representante de la CEA, Manuel Martín, consideró que el texto consagra "un intervencionismo público agobiante" y afirmó que si se mantiene la composición prevista para los órganos rectores, las cajas andaluzas se convertirán en "empresas públicas". "La composición de la asamblea general de las cajas podría ser incostitucional", llegó a decir el presidente de la comisión económica de la patronal andaluza. El proyecto de ley atribuye a las corporaciones locales el 35% de los representantes en los órganos de dirección y un 21% al Gobierno autonómico. Martín sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido que el peso de representantes del sector público en las cajas no puede superar el 50%. El representante de la CEA consideró "una gran idea" la propuesta realizada el pasado martes por Isidoro Beneroso, presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA), para incluir a las pequeñas y medianas empresas en la representación (28%) de los impositores (clientes de las cajas elegidos por sorteo), en los órganos de Gobierno. Martín también coincidio con los presidentes de las seis cajas andaluzas (y con los sindicatos), en que en el texto "hay demasiada remisión a los reglamentos". Y pidió que en el trámite parlamentario se dé "mayor definición" a la proyectada Entidad Financiera Común, la llamada Caja de cajas, y que esta regulación no se deje en manos de la Junta de Andalucía. Los sindicatos coincidieron en que la Caja de cajas está "vacía de contenido" e incluso José Luis Almeyda, de CC OO, abogó por su desaparición del texto para fortalecer las funciones de la FACA. Los dirigentes sindicales exigieron una mayor representación de los trabajadores en los órganos de dirección de las cajas. Dionisio Valverde, de UGT, apostó por rebajar la representación de los impositores para aumentar del 7% al 10% la de los trabajadores. El representante de CC OO fue más allá: pidió una cuota del 15% y una reducción de la representación de los impositores hasta el 10%, para dar cabida al Consejo Económico y Social. Los sindicatos alertaron sobre que la facultad de las cajas para emitir cuotas participativas (títulos nominales sin derechos de decisión), recogida en la ley, abre la puerta a la privatización. Las cooperativas y la asociación de usuarios Ausbanc cerraron el turno de comparecencias en la comisión de Economía sobre la ley de Cajas. Una comisión a la que no fue llamado el Consejo andaluz de Consumidores y Usuarios, que anunció una carta de protesta a los grupos parlamentarios. El portavoz parlamentario del PA, Pedro Pacheco, por su parte, rechazó las críticas sobre intervencionismo en la ley y respondió a los presidentes de las cajas que ellos han sido más intervencionistas "maniobrando y manipulando a los impositores".