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Editorial:

Mensajes contradictorios

LA MONTAÑA parió un ratón: los nacionalistas vascos han necesitado siete meses para convencer a Euskal Herritarrok (EH, marca electoral de HB) de que manifieste por escrito su "apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas". No parece gran cosa, porque resultaría inimaginable que cualquier partido afirmase lo contrario: que apuesta por la vía violenta y antidemocrática. Pero la experiencia indica que muchas veces la integración de las fuerzas antisistema en la vida democrática empieza por un mero cambio de terminología. Habrá que atenerse, pues, a los hechos, y los hechos son, como mínimo, ambiguos: es mejor que EH diga que apuesta por la política a que no lo diga, pero es claramente contradictorio con esa declaración el gesto político de incluir en sus listas a terroristas acusados de crímenes horribles.El lehendakari dijo que no firmaría un pacto de legislatura con EH si no había un compromiso claro de renuncia a la violencia. La tortuosa redacción del compromiso firmado ayer indica una resistencia de EH a decirlo de manera clara. Pero, aunque sea de forma oscura, lo dice: que está por la desaparición de "todas las acciones y manifestaciones de violencia", e incluso por canalizar por vía democrática todas las "energías, iniciativas y respuestas". En fin, EH acepta poner su firma en un papel en el que se aboga por la desaparición de "todo tipo de acciones y reacciones vulneradoras de los derechos individuales y colectivos". Parece una referencia oblicua a la kale borroka.

Es lo que importa del documento. El resto es una apoteosis de la minucia en materia de procedimiento, junto a una serie de garantías sobre los presupuestos y unos cuantos adornos en materia de euskera, empleo, justicia social y calidad de vida: para cubrir las apariencias por el flanco izquierdo. Ya se sabe que los frentes nacionales se hacen sobre la base de radicalizar el mensaje nacionalista y diluir el izquierdista. Pero tiene razón Ibarretxe: lo importante del acuerdo no es tanto que garantice la gobernabilidad como que sea un instrumento para la pacificación. Y que se plantee en el marco de las instituciones. Es cierto que EH ha dicho que sólo apoyaría a un Gobierno cuyo objetivo sea "iniciar la transición hacia un nuevo modelo político", cuyo marco sea toda Euskal Herria; pero de momento participa en las instituciones emanadas del Estatuto de Gernika.

El acuerdo se produce tres días después de que la asamblea de HB aprobara una declaración autorizando la participación de sus electos en las diputaciones. En realidad, se trata de una vuelta a la política que practicó HB en los primeros años de la transición, hasta que se opuso ETA. Ahora parece estar de acuerdo. En la entrevista aparecida el pasado fin de semana, los encapuchados defienden el paso de la resistencia a la "construcción nacional". Es un eufemismo que viene a significar que no hay que esperar a la independencia para empezar a trabajar por la patria.

Una reflexión similar llevó al primer nacionalismo de la pura propaganda ideológica a la política institucional. ETA y HB -como el IRA y el Sinn Fein- han rechazado siempre la participación en las instituciones autonómicas por considerar que hacerlo equivale a acatar el marco impuesto por el enemigo. Nunca hubo dudas con los ayuntamientos, pero sí con las diputaciones. La presencia en ellas significa participar en la gestión de los impuestos: es decir, en el poder. Eso preocupa a muchos, pero la integración de los partidos antisistema casi siempre pasa por compartir el poder con ellos. Ahí están los verdes alemanes, o la estrategia de paz en Irlanda.

Para que la cosa resulte hace falta que el nacionalismo democrático no pierda la cabeza. Que no siga a ese dirigente que ha venido a decir una barbaridad como que consideraba normal que se apedrease a Mayor Oreja en Gernika por ser heredero de los que la bombardearon en 1937. Y, por el contrario, que recuerde a EH, como hizo el sábado Ardanza, que no todos los vascos son nacionalistas, y que no se puede construir una patria que excluya al 45% de sus ciudadanos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de mayo de 1999