La basura se pudre en manos privadas

Los cuatro años de campo libre decretada por el Consell para la gestión privada de las basuras han constatado que el de los detritos es un problema que puede crecer indefinidamente. ¿A qué huelen los peores problemas medioambientales valencianos? Con permiso de las pestilencias del río Segura, la respuesta es a basura. La lacra ambiental más grave en 1995 eran los detritos. Y, cuatro años más tarde, la basura sigue siendo la asignatura pendiente. Más de la tercera parte de los desperdicios que generan los valencianos (hasta el 50%, según la oposición), a una media de 1,2 kilogramos por persona y día, acaba en vertederos incontrolados. Es decir, de las 2.048.377 toneladas anuales de detritos tiradas a los cubos, 728.115, según cifras de la propia consejería, acaban en vertederos ilegales o, peor aún, en barrancos. Y es más, según la radiografía que hace el Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado por el Consell, aunque el 45% de la basura llegue a plantas de tratamiento, la obsolescencia de éstas hace que sólo el 11% (224.691 toneladas) se gestione con garantías ambientales. Eduardo Zaplana apenas ha destinado el 1% de su billón de pesetas de presupuesto a la Consejería de Medio Ambiente, en manos de sus socios en el Consell: Unión Valenciana. Es decir, el departamento verde gestiona menos dinero que la deficitaria Canal 9. Y si la destrucción de la costa compete al Ministerio de Medio Ambiente y la contaminación de ríos casi muertos como el Segura y el Magro es responsabilidad de las confederaciones (también de la ministra Isabel Tocino), la idea es que con 14.000 millones se pone un parche al cuidado de los pajaritos y a la vigilancia de las basuras. Y sobre la gestión de éstas ya proveerá el capital privado. El escenario ha sido elocuente: miles de camiones fantasma que recorren a hurtadillas las carreteras de la Comunidad para encontrar un basurero con los papeles en regla que acoja los detritos sin despertar las sospechas de los vecinos -caso de los residuos de Valencia gestionados por el Consell Metropolità de L"Horta (CMH)-; vertederos ilegales que reciben una basura de dudoso origen que equivaldría a la producida por una población de 700.000 habitantes -El Campello, según el PSPV-; empresarios que exigen una solución a su necesidad-obligación de exportar a otras autonomías sus residuos tóxicos y peligrosos -así se quejó, desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), su presidente, Rafael Ferrando-, etc. Hediondo problema de difícil digestión que apenas ha sufrido variaciones esta legislatura. Salvo honrosas excepciones: como la modélica planta de tratamiento de residuos de Onda, inaugurada al alimón por Zaplana y el consejero José Manuel Castellá hace un año con un coste de 2.500 millones y que da servicio a 300.000 castellonenses. El mayor logro de los regionalistas en esta legislatura ha sido conseguir que Zaplana les aprobara el PIR en diciembre de 1997. Un documento, calificado "de papel mojado" por la oposición, que hace un demoledor diagnóstico del problema, divide a la Comunidad Valenciana en 17 parcelas y plantea la necesidad de múltiples infraestructuras. A saber: 10 plantas de compostaje, 16 plantas de clasificación de envases ligeros, nueve estaciones de transferencia de basuras, 20 ecoparques, 12 vertederos de alta densidad, uno de baja densidad y hasta 496 vertederos de residuos inertes. Año y medio después poco se ha hecho. Los 60.000 millones que se tenían que invertir en cinco años para construir esa batería de instalaciones (el 83% con dinero público) han brillado por su ausencia. "Tomadura de pelo", es lo más leve que ha dicho la oposición en estos dos ejercicios sobre las partidas del presupuesto para el PIR. En los capítulos de inversiones reales, Zaplana destinó para 1997 apenas 940 millones, cuando el PIR de Castellá preveía para el primer año de aplicación 12.140 millones. Para este ejercicio, peor: sólo 821 millones. La apuesta parecía fuerte al aprobarse el PIR. En la práctica, duplicar los presupuestos de la consejería. Pero se ha quedado en una frase de buena voluntad: "La financiación del PIR está garantizada". Quizá se acabe haciendo con contabilidad creativa pero Zaplana incumplió así la resolución aprobada en las Cortes Valencianas en otoño para que los presupuestos de 1999 dedicaran al PIR casi 27.000 millones, es decir, lo que no se hizo en 1998 y lo previsto en la segunda anualidad del plan. Mientras, Castellá, con la caja vacía, apenas puede sacar lustre a sus flamantes ecoparques -tanto los cinco acabados (Alicante, Onda, Alginet, Almàssera y Catarroja) como a los tres proyectados (Gandia, Torrent y Benidorm)- o a la única planta de clasificación de envases en construcción (la de Alzira) de las 16 previstas. Y la notoriedad la ha tenido a su pesar un vertedero privado que sí tiene el beneplácito del Consell: el de Dos Aguas. Aunque está en fase de construcción, la basura de Valencia y su área metropolitana ya llega desde octubre pasado al basurero promovido por la unión temporal de empresas FCC-SAV. El culebrón de la basura más polémico de la legislatura es harto enrevesado y a estas alturas parece casi consumado. Así, pese a no haber ganado el concurso del CMH para gestionar la basura de un millón de valencianos, la UTE instalada en Dos Aguas se subrogó en el polémico proyecto de una empresa (Proficer) que sin experiencia ni dinero que lo avalara obtuvo la excepcional declaración de interés comunitario (vía prevista sólo para proyectos públicos) del Consell, que exime de permisos y acelera trámites para la implantación del basurero. "Fraude de ley", lo llamó la oposición. Y ésta, junto a los ecologistas, alertaron del peligro de trasladar por 50 kilómetros de malas carreteras la basura de Valencia para arrojarla a 400 metros de la cola del embalse de Tous. El augurio suena, además de funesto, bastante repugnante: Una tromba de agua, tan frecuente, anegará de basura el río y contaminará el agua potable. Dos puntos más en temas de residuos quedan aplazados hasta la próxima legislatura. En primer lugar la aplicación de la ley de Envases y Residuos de Envases. En vigor desde mayo de 1998, Medio Ambiente sólo empezará después de verano un proyecto piloto en la planta de Alzira. Una vez ensayado y construidas las otras 15 plantas la Comunidad, comenzará a reciclar los envases conforme a la ley. En segundo lugar, la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos. El único vertedero capacitado para acoger estos restos, el de Real de Montroi, cerró, por decisión unilateral del Ayuntamiento en octubre de 1997. El tema está en los tribunales y la empresa hasta tiene autorización de Medio Ambiente para usar dos depósitos adyacentes. Sin embargo, los empresarios se han quejado de tener que exportar a otras autonomías, con el consiguiente sobrecoste, sus residuos peligrosos. Eso o a un barranco.